Los funcionarios públicos en España permanentemente han estado en el ojo de la atención popular, pero ahora lo estarán todavía más en su trabajo y en el rol que desempeñan. Esto es lo que se propone con el anteproyecto de ley de Función Pública.
Un anteproyecto de ley que hará valer porque los funcionarios que suspendan las evaluaciones en sus puestos de trabajo puedan ser despedidos por las Administraciones de los mismos.
Se trata de un documento de un total de 125 páginas, que ahora está abierto a modificaciones, donde establece la posibilidad de que los funcionarios sean movidos del puesto obtenido por concurso si obtienen de forma continuada resultados negativos.
Esto, en la nueva evaluación de desempeño por la que tendrán que pasar a partir de la entrada en vigor de la norma. En la norma, el Gobierno no define cómo será esa evaluación por la que de forma anual se medirá la conducta y los resultados de los empleados públicos en el desarrollo de su actividad.
Los funcionarios deberán pasar una evaluación de desempeño
Como tal, esto se aplicará a los empleados que hayan obtenido su puesto por concurso y que no cumplan de forma adecuada con sus tareas, tengan un rendimiento insuficiente o no puedan cumplir con las exigencias del cargo incluso con formación adicional.
Como se dio a conocer esta semana, la metodología de evaluación no está definida, y se determinará en el desarrollo reglamentario de la norma, tal y como dice el texto que ha recogido la información de El País, aunque está sujeto a cambios. «Los resultados negativos de la evaluación del desempeño darán lugar a la no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra el personal empleado público», reza.
«Asimismo, la obtención continuada de resultados negativos en la evaluación del desempeño dará lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso«, se apunta claramente en el texto.
No obstante, sí detalla que será obligatoria y que no solo afectará a la evolución de la carrera o posibles ascensos, sino también a la percepción de los complementos salariales. En concreto, el texto establece dos nuevos complementos salariales para las empleadas y empleados públicos. De nuevo, los mismos están basados en la evaluación de desempeño, además de la profesional.
Sindicatos y UGT se oponen rotundamente: «una decisión gravísima e inaceptable»
En este sentido, y como parte de las primeras impresiones de este anteproyecto de ley que afectará a los funcionarios, han respondido UGT y CCOO, quienes afirman que es sencillamente «gravísimo» que se pueda «remover de su puesto de trabajo» a aquellos que han obtenido su plaza por concurso.
Los mismos que, según denuncian, la evaluación «puede ser bastante subjetiva» y, además, no se ha negociado con los sindicatos.
Así lo advierte la secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, que coincide con su homólogo de UGT, Carlos Álvarez, en que se trata de una decisión «gravísima e inaceptable» en la medida en que, si no se establecen unos parámetros y claros y transparentes, «vamos a depender de que le caigas bien o mal a la persona que va a ser tu jefe y que te va a evaluar».
Afectará a organismos autónomos, gestores de la Seguridad Social, entidades públicas, agencias estatales…
En el texto, además, se subraya que serán obligatorias para todos los funcionarios, y que tendrán también efectos directos «en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas».
Y… ¿a quienes afectarán? Pues tal y como ha declarado el Ministerio de Hacienda, esta planificación es la base del anteproyecto y se aplicará a la Administración General del Estado (AGE).
Pero sobre todo a organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y demás entes de derecho público.
