La contaminación le genera una nueva sanción a España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha decidido condenar a España por “incumplimiento sistemático de la calidad del aire en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona”, una decisión esperada debido a las reiteradas faltas en las que se ha venido cayendo desde el pasado año 2010. ¿Lo positivo? La sanción en esta oportunidad no conlleva una multa, pero que en caso de persistir, tal y como ha venido ocurriendo desde el año 2010, podría representar una sanción mucho más fuerte por parte del Tribunal.
En esta oportunidad el Tribunal se ha manifestado con una declaración donde España aparece como responsable de un incumplimiento, acto seguido, se fijará un plazo para que el país pueda ajustarse a lo que dice la sentencia, si pasado este plazo se comprueba que el incumplimiento persiste, entonces la Comisión podría interponer un segundo recurso y en ese momento podrían imponerse multas que podrían incluir multas diarias por cada día si persiste el incumplimiento.
Esta sentencia pone sobre la mesa la necesidad de que España tome medidas aceleradas para revertir la situación, ya que hasta el momento las medidas tomadas no han sido suficientes y se han tomado a destiempo. Recordemos que estas sanciones repercuten directamente al Estado, no a las Comunidades autónomas, aunque estas sean responsables de la violación.
Ante este escenario, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han señalado que “toca presentar un plan de ejecución que garantice el cumplimiento de obligaciones… Las ciudades de más de 50 mil habitantes deben aprobar sus zonas de bajas emisiones antes del 31 de diciembre de 2022”. Estas declaraciones están en línea con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada recientemente. y que exige el establecimiento de zonas de bajas emisiones.
La historia de la sanción
En el año 2008, se aprobó la iniciativa de fijar en 40 microgramos el límite de exposición anual al dióxido de nitrógeno (NO2) que como sabemos una sustancia altamente nociva para la salud y que se origina por el uso de los vehículos de combustión, la entidad encargada de controlar estos niveles, la Directiva de calidad de aire.
Esta normativa entro en vigencia en todos los países que conforman la Unión Europea en el año 2010, y desde entonces, año tras año, tanto Madrid como Barcelona aparecen en la lista de los sancionados. Un hecho que le ha ocasionado a España la apertura de un expediente por parte de la Unión Europea en el año 2015, en el año 2018 España presenta el plan para reducir la contaminación en estas ciudades y logra que el expediente sea archivado.
Pero España si ha tomado algunas medidas para el cumplimiento de estas medidas, ya en el año 2021 el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, una ley que establece que en ciudades con más de 50 mil habitantes se tenían que implementar las famosas y polémicas zonas de bajas emisiones, todo esto antes del año 2023. Recordemos los hechos ocurrido en Madrid justamente por el cumplimiento de esta medida en la zona de Plaza Elíptica hace un par de meses.
Las consecuencias de un incumplimiento generalizado
Así es, España no es el único país de la Unión Europea que forma parte de los países sancionados, países como Alemania, Italia y Francia acompañan a España en este largo camino de sanciones desde el año 2010.
De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Agencia europea del Medioambiente, la contaminación del aire sería responsable de más de 300 mil muertes al año en todo el mundo, un dato que ha motivado que la Unión Europea realice cambios en los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) permitido, es decir, reducir el umbral de 40 microgramos por metro cubico a solo 20 microgramos, una reforma que se estaría implementando a partir del año 2030, lo que dejaría muy mal parada no solo a España, sino a varios países que conforman la comunidad.
Por si fuera poco, la Unión Europea en un intento por reducir el impacto de la contaminación ambiental, ha planteado la posibilidad de que sean los propios ciudadanos los que acudan a los tribunales si se sientes afectados por vivir en un territorio que no cumpla con las exigencias de la Unión Europa, siempre y cuando puedan demostrar que su salud ha sido afectada por esta situación.
Con este planteamiento, se pretende que las personas afectadas puedan recibir una compensación, para ello la Unión Europea se ha fijado como meta facilitar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos e informar al público sobre la calidad del aire de la ciudad donde viven.
Una medida que no es del agrado de muchos países, por el riesgo económico que implica, sin embargo, parece representar una medida extrema por parte de la Comisión para lograr el objetivo de reducir la contaminación.
