La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los etarras Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisásola Solozábal por el atentado con una bicicleta bomba que acabó con la vida del policía Ignacio Pérez Álvarez en Galdacano (Vizcaya) en enero de 1990. Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, se interesan para los tres 30 años de cárcel.
Ese informe, recogido por Europa Press, indica que Abad Palacios y José Ramón Martínez «como integrantes de la banda terrorista ETA» accionaron por medio de radio control el artefacto explosivo que previamente habían dejado en la alforja de una bicicleta que habían estacionado junto al vehículo del agente. La explosión ocasionó la muerte del policía, tal y como pretendían, señala el fiscal.
Respecto al papel de Guisasola, el Ministerio Público dice que fue ella, junto al etarra Julián Achurra, quien reportó a los otros dos la información sobre las actividades cotidianas del agente, y proporcionó la bicicleta con el artefacto explosivo. De hecho, el informe fiscal indica que ambos supervisaban las acciones de aquéllos en nombre de ETA.
Además, el fiscal asevera que los tres acusados eran conscientes de los desperfectos y heridas que podrían ocasionar con dicha acción terrorista, y que esto no les hizo desistir de seguir adelante. Añaden que la explosión que acabó con la vida del agente provocó además desperfectos en varias viviendas y tres heridos leves.
El Ministerio Público indica en su escrito que no se formula acusación contra Achurra a la espera de que se resuelva la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada a Francia y librada contra el mismo por estos hechos.
