La polémica Ley de garantía integral de libertad sexual, mejor conocida como la Ley del “solo si es sí” promovida desde Ministerio de Igualdad que representa Irene Montero, vuelve a dar de que hablar.
Recordemos que uno de los objetivos de la famosa Ley propuesta por la ministra Irene Montero, buscaba entre cosas eliminar del Código Penal el delito de abuso sexual, y calificar como violación cualquier relación sexual no consentida, es decir, ahora todas son agresiones sexuales, y aumentar las condenas, jamás rebajarlas, tal y como ha venido ocurriendo desde su entrada en vigencia.
Pues bien, una Ley que se supone que perseguía la protección de las mujeres ha logrado en pocas semanas, exactamente todo lo contrario, ya que son decenas de penas atribuidas a los agresores sexuales que han sido rebajadas e incluso algunos excarcelados, debido a lo que el Gobierno se ha atrevido a calificar como “una mala interpretación de la Ley” por parte de los jueces.
Los hechos de la Ley del si es sí
La Ley del “solo si es sí” se viene ejecutando desde hace dos meses aproximadamente, entró en vigor el pasado 7 de octubre, y desde entonces son varias decenas de condenados que han visto reducidas sus condenas y como decíamos, incluso algunos han sido liberados.
Ante estos hechos que muchos sectores han calificado como “abominables” muchos sectores se han pronunciado, incluidos los expertos juristas, solicitando una revisión de la Ley, ante esta solicitud de la ciudadanía, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha preferido hacer un llamado a la calma y esperar que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien dicte sentencia y lo que los juristas llaman, siente jurisprudencia.
Pues bien, el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado pero ha dejado bastante claro que se deben reducir las penas, porque es lo que establece la nueva Ley y como consecuencia se deben revisar todos los casos de manera individual, lo que sin duda representará un trabajo adicional para el Tribunal.
La polémica surge nuevamente por las afirmaciones de varias Ministras de Gobierno después que de que se conociera el caso de un hombre al que la Audiencia Provincial de Madrid sobre la rebaja en la condena de un hombre por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años.
Recientemente, la Ministra de Justicia, Pilar Llop y la Ministra de la Defensa, Margarita Robles se han pronunciado sobre la polémica generada por la aprobación del proyecto de Ley y han admitido que “es necesario modificar la Ley”, ante este planteamiento, el partido aliado del Gobierno, Unidas Podemos sigue manteniendo su postura de negación, aunque con el reciente distanciamiento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ya nadie sabe que esperar.
Se suman las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también asomaban la posibilidad de revisar la norma, lo que desencadenó nuevos enfrentamientos en los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Recordemos que cuando se aprobó la Ley ya había cierta tensión entre los partidos de Gobierno.
La ministra de Hacienda ha dejado claro que hay que esperar a que haya un pronunciamiento en los órganos de coordinación de justicia, ya la Fiscalía General se ha pronunciado, por lo que queda esperar el pronunciamiento del Supremo, ya que se vienen produciendo diferentes sentencias en lugares distintos de España.
La revisión de las penas por parte de los jueces
Lo cierto es que ante toda la polémica generada, el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz fijo posición a través de un decreto con el que se garantiza el principio de unidad de actuación al momento de la revisión de las sentencias firmas, producto de la aplicación de la polémica Ley. En el decreto también se establece que no se revisaran las condenas firmes cuando estas se sitúen en lo que establece la nueva Ley. De igual manera se deberá revisar cada caso y la última palabra siempre la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia.
A pesar de que al momento de presentar la propuesta de reforma de Ley, el Ministerio de Igualdad advirtió que no se realizarían revisiones ni rebajas de penas, el Tribunal Supremo de Justicia ha optado por revisar las condenas a la baja, porque como dicen los juristas, el Supremo suele ser “garantista a favor del condenado” en casos de reforma del Código Penal.
Ante esta posición adoptada por el Supremo, el Ministerio de Igualdad solo ha podido responder “los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa, advirtiendo además del riesgo de una justicia machista”.
Han sido muchos los pronunciamientos que se han realizado por las declaraciones que se hicieron desde el Ministerio de Igual, pronunciamientos a favor de los jueces alegando que “tachar a todos los jueces de machistas es un error por estar aplicando rebajas de penas a agresores sexuales, ya que buena parte de quienes firman estas rebajas penales son mujeres y jueces progresistas que consideran que esta es la interpretación correcta de la Ley”.
Lo único cierto ante esta nueva polémica suscitada por la puesta en marcha de la nueva Ley, es que solo queda esperar a que el Tribunal Supremo de Justicia determine cuál es la interpretación correcta, si hay que rebajar las penas tal y como ha hecho la Audiencia Provisional de Madrid o si no hay que hacerlo como ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y otros Tribunales de otras Comunidades Autónomas, todo está en manos en estos momentos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y no en el Parlamento Español, como muchos parecen creer.
Tristemente todo parece indicar que si hay un error en la ley, y ante esta situación ya no vale aprobar una nueva ley, ni añadir una disposición transitoria o simplemente poner un parche, porque existen muchas sentencias en revisión y muchos excarcelados y al final serán los delincuentes quienes se beneficien, recordemos que si se hace una nueva ley solo podría aplicarse a aquellas personas sentenciadas por agresión sexual después de la entrada en vigencia de la actual Ley.
