El PSOE, Unidas Podemos y sus habituales socios parlamentarios han rechazado este martes que el Pleno del Congreso tramite la ley ‘antiokupas’ registrada por el PP, que buscaba asegurar que el desalojo sea «inmediato», que los ‘okupas’ no se puedan empadronar en estos domicilios y que se endurezcan las penas en el caso de que esta práctica sea promovida por mafias.
En su respuesta al ‘popular’ Mario Garcés, encargado de presentar la iniciativa, los críticos con la proposición de ley han acusado a su grupo de buscar generar «alarma social» con este asunto y de querer legislar para favorecer a los grandes tenedores de vivienda en lugar de actuar pensando en el origen de la ‘okupación’ que son las dificultades para el acceso a la vivienda que hay en España.
Así lo ha hecho por ejemplo la socialista Sonia Guerra, quien ha recordado que este asunto se va a ser objeto de análisis vía enmiendas a la ley de eficiencia organizativa de la Justicia para lugar contra las mafias y facilitar que los desalojos se puedan realizar en un plazo máximo de 48 horas.
En representación de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha cargado contra el PP por proponer «soluciones demasiado simples ante problemas complejos». «Todo lo solucionan metiendo a la gente en la cárcel un porrón de años, cuando para proteger la propiedad privada lo mejor es garantizar el derecho a una vivienda digna», ha aseverado, antes de volver a exigir a sus socios del PSOE que se pruebe la nueva Ley de Vivienda.
CONFUNDEN A LA GENTE
Carolina Telechea, de ERC, ha criticado al PP por desplegar esta «cortina de humo» para que no se hable de ese problema social, y le ha recriminado que busque «beneficiar» a personas, empresas o fondos propietarios de inmuebles pero no a los propietarios particulares de vivienda, «estigmatizar a las personas más desfavorecidas» y «confundir a la gente» porque «no existen los desahucios exprés».
El diputado de Bildu Oskar Matute ha apuntado que el año pasado se produjo «un desahucio cada 15 minutos» en un país con más de tres millones de vivienda vacías mayoritariamente de bancos y fondos buitre. «Hubo 41.539 desahucios frente a 17.274 denuncias por okupación, incluyendo usurpación y allanamiento», ha puntualizado, antes de recalcar que España «está entre los 30 países más seguros del mundo», pero es «el primero de Europa y el cuarto del mundo en instalación de alarma» gracias, a su juicio, a las campañas de la derecha con temas como este.
El una línea similar, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al primer partido de la oposición de «mirar el dedo», en referencia a las ‘okupaciones’, «en vez de la Luna», las dificultades de la gente para ejercer un derecho constitucional, y también de trabajar «como siempre» para «fondos buitre, bancos y Securitas Direct».
Josep Pagès, de Junts ha admitido que existe un problema de acceso a la vivienda, pero ha llamado a tomar medidas para afrontar también la vertiente «delincuencial» de la ‘okupación’, si bien ha rechazado «entrar en una carrera punitiva» como, a su juicio, defiende el PP.
VOX Y Cs SÍ LA APOYAN
Por contra, sí han adelantado su apoyo a la tramitación de la proposición de ley Edmundo Bal, de Ciudadanos, y Cristina Esteban, de Vox, quienes han aprovechado para desgranar sus propias medidas en la materia. «Esto es un poco el día de la marmota a ver si votan ya que sí y podemos quitarnos de en medio este problema», ha admitido el diputado naranja.
También se han mostrado favorables a la tramitación de la iniciativa ‘popular’ Genís Boadella, del PDeCAT; Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, y José María Mazón del Partido Regionalista de Cantabria. Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, ha anunciado su abstención y se ha remitido a la regulación sobre este asunto que está a punto de abordar el Congreso.
