La nueva Ley de Memoria Democrática estaba siendo esperada por muchos españoles desde hace muchos años. Ha sido difícil conseguir que se ponga en acción, pero parece que se ha conseguido definitivamente. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso hace todo lo posible por proteger a el «Valle de los Caídos» (monumento honorífico al dictador Franco) junto con el apoyo de Vox. ¿Qué plantea la Ley de Memoria Democrática y por qué muchos españoles han estado deseando su aplicación? Esto es una cuestión que hablaremos en este artículo con detalle.
Puntos esenciales de la Ley de Memoria Democrática
El Senado aprobó de manera definitiva la primera norma que trata a nivel estatal la memoria histórica. Muchos españoles a día de hoy tienen familiares en cunetas por toda la geografía española y no han podido identificar sus cuerpos porque partidos como el PP y Vox se niegan a «remover el pasado» obviando por completo el dolor de los familiares que no pueden, si quiera, visitar a los seres queridos que desaparecieron tras la Guerra Civil.
Precisamente, la Ley de Memoria Democrática tiene el objetivo de ilegalizar el régimen franquista y sus sentencias, aumentar el periodo de persecución y violencia hasta la promulgación de la Constitución en el año 1978 y la Ley de Amnistía que será interpretada de manera diferente aplicando los derechos internacionales humanitarios. También la lengua vasca, catalana y gallega son consideradas víctimas y tendrán derecho al reconocimiento y reparación integral por parte del Estado. A modo de apunte, esta ley no contempla la lengua asturiana como víctima de la dictadura franquista y debería ser añadida.
Una de las novedades es que el «Valle de los Caídos» será cambiado de nombre por el «Valle de Cuelgamuros» junto con una resignificación del conjunto que aún se tiene que concretar. Se realizará el traslado de Primo de Rivera, las exhumaciones serán responsabilidad del Estado y Franco ya no tendrá los títulos nobiliarios. Se realizará una auditoría de los bienes incautados, la reparación económica de las víctimas y las víctimas tendrán el derecho a saber la verdad creando una comisión independiente de carácter académico, temporal y no judicial que se encargará de esclarecer las violaciones de los derechos humanos mediante la acogida de testimonios y la investigación.
Se realizará un banco de ADN de víctimas donde se almacenarán muestras biológicas de los familiares para poder cotejarlas con vistas a futuras identificaciones, se nacionalizarán a los descendientes de los brigadistas y se crearán lugares de memoria democrática para poder calificar el patrimonio.
Se realizarán archivos y documentos que conformarán un Centro Documental de la Memoria Histórica que se encontrará en la ciudad de Salamanca reuniendo y custodiando los fondos documentales posibles que hayan tenido relación con la guerra y la dictadura. Se extinguirán las fundaciones franquistas, la memoria democrática se enseñará en las aulas por lo que se tendrán que desarrollar contenidos sobre la represión durante la Guerra y la Dictadura.
También habrá sanciones con multas que pueden llegar a los 150 mil euros. Algunas de las fracciones son la destrucción de fosas o de lugares de memoria junto con la destrucción de documentos públicos o privados sobre memoria democrática. Otro de los elementos esenciales es el reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres e incluye al colectivo LGTBI como grupo que sufrió una represión sistemática y específica con motivo de su orientación sexual e identidad de género. También se realizará una comisión de trabajo sobre la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.
Isabel Díaz Ayuso intenta blinda el «Valle de los Caídos»
El Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso busca blindar el «Valle de los Caídos» bajo la demanda de Vox desde hace varias semanas. Quieren declarar a este complejo monumental que se erigió por la dictadura franquista como un Bien de Interés Cultural (BIC) para impedir que se resignifique como «lugar de memoria democrática» que no deja de ser un título cultural, pero con un enfoque diferente para educar a las próximas generaciones sobre los hechos ocurridos bajo la dictadura franquista sin intentar taparlos.
Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso incide en que el «Valle de los Caídos» pertenece al Patrimonio Nacional y ha buscado todas las maneras posibles para que no se vea modificado. Utiliza la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid tramitada mediante la Asamblea. El objetivo es incluirlo como bien patrimonial etnográfico a modo de arquitectura religiosa.
El Ejecutivo ya ha indicado que la decisión aún no está tomada ya que es trabajo de los técnicos determinar el valor patrimonial de los bienes a proteger. No es una cuestión que se pueda decidir solo por tener cruces y ser arquitectura religiosa. Por el momento, se está llevando a cabo esta cuestión y habrá que esperar un tiempo más hasta que se sepa qué ocurrirá con el monumento más grande dedicado a la dictadura franquista.
