La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reconocido la «preocupación» que pueda existir en la sociedad y ha hecho un llamamiento a la «prudencia» ante las rebajas de condenas por la entrada en vigor de la Ley del ‘solo sí es sí’, de la que están «orgullosos», y esperará a que el Supremo se pronuncie en «próximos días».
Fuentes de Moncloa han recordado que este viernes 25 de noviembre se reúne la Audiencia Provincial de Madrid para tratar este tema y esperan que el Surpremo lo haga durante el fin de semana. También han subrayado la defensa en torno a la norma, que es un «compromiso» de legislatura y aseguran que se ha mostrado unidad de Gobierno en torno a ella.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha aputnado que la Ley de ‘solo sí es sí’, «va en la dirección» de «otras tantas de este país» de la que pueden estar «orgullosos», que están «en los avances de los derechos de las mujeres y su protección». Y, en este sentido, ha mandado «un mensaje de tranquilidad».
«Acaba de entrar en vigor, ya ha actuado la Fiscalía y estamos pendiente del Tribunal Supremo. Confío en el Poder Judicial como confío en la acción de todos los operadores jurídicos y en el fin último de esta ley que es la protección de las mujeres», ha apuntado.
Por otro lado, ha criticado que dirigentes políticos y responsables públicos estén usando las bajadas de penas a violadores, consecuencia de la aplicación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’, para «frivolizar» sobre la violencia machista.
Así, ha asegurado que esta situación le «alarma». «Es lamentable que quieran aprovechar esta ocasión para cuestionar un hecho incontestable, que es que esta violencia existe y mata», ha indicado, antes de señalar que son 1.171 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que se tienen datos (2003) y que, actualmente, en España hay 20.000 mujeres con órdenes de protección.
Según la ministra, «había que regular» la violencia sexual para que «las jóvenes nunca más tuvieran que justificarse ante agresiones sexuales, como ocurrió en el caso de Pamplona que, según ha apuntado «conmocionó a todo el país» y que motivó que se «empezase a trabajar en el texto» legislativo.
