El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que las inversiones del Grupo Volkswagen-Seat y la apertura del centro de diseño de microchips de Cisco en Barcelona no hubieran tenido lugar «en la Cataluña del 2017», y las atribuye a la apuesta del Gobierno por el reencuentro y la convivencia, ha dicho.
En una entrevista en el diario ‘La Vanguardia’ este domingo, ha recordado que derogar la sedición y crear un delito de desórdenes públicos agravados era un compromiso de investidura así como un paso por la concordia en Cataluña: «Una de mis mayores satisfacciones como presidente es ver que hoy en Cataluña prima la convivencia y no la confrontación».
Preguntado por si la iniciativa facilita que el líder de ERC, Oriol Junqueras, o la secretaria general, Marta Rovira, puedan presentarse a las elecciones, ha dicho que en absoluto y que el objetivo «es ser conscientes de que, desde el punto de vista penal, habían unas sanciones que no se compadecen con las de las principales democracias europeas».
Ha reafirmado su apuesta por el cumplimiento estricto de la ley y la Constitución en Cataluña «y por medidas de distensión para superar el desgarro nacional que supuso la declaración unilateral de independencia del 2017», pero insiste en que la derogación no despenaliza los hechos del 1-O.
«LOS DELITOS NO DESAPARECEN» CON LA DEROGACIÓN
«Desde luego, los delitos no desaparecen», ha asegurado Sánchez, que ha afirmado que está convencido de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont comparecerá ante la justicia y rendirá cuentas, ha dicho, por el 1-O.
Ha explicado que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados es parecido en otras democracias europeas y permitiría que, en caso de plantear un nuevo referéndum en Cataluña, los impulsores «fueran castigados por la justicia».
Preguntado por si la iniciativa ha sido una concesión a ERC para que apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, lo ha negado porque «el independentismo ha pedido siempre la amnistía, que nada tiene que ver con lo que estamos proponiendo», y ha pedido no mezclar debates.
Para Sánchez, el Gobierno empezó una legislatura con la situación «dramática de fractura territorial y social» que achaca al PP por no poner en marcha, ha dicho, medidas después de la declaración unilateral de independencia, y ha acusado al PP de desgastar al Gobierno y de no ser solidario ni responsable.
«Uno de los principales errores del PP fue dejar en manos de la justicia la respuesta a la crisis constitucional» por el 1-O, ha dicho, y ha añadido que se debería haber aplicado antes el artículo 155 de la Constitución, cuando se aprobaron leyes de desconexión en el Parlament.
Ha dicho textualmente que España está sufriendo una crisis constitucional inédita en los últimos 40 años por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha asegurado que «hay una pulsión en el conservadurismo español de importar prácticas de Trump y Bolsonaro».
Para Sánchez, «hay un importante número de dirigentes del PP que están comprando esas tácticas trumpistas y bolsonaristas que tratan de envenenar la convivencia», y la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abre la puerta al discurso extremista, ha dicho textualmente.
ESPAÑA CRECERÁ A MENOR RITMO PERO «CON TASAS POSITIVAS DE PIB»
Sobre las perspectivas económicas para el próximo año, ha destacado que España terminará el año con un crecimiento por encima del 4%, «de los más altos de la UE, y el próximo año creceremos a menor ritmo, pero con tasas positivas del PIB».
Ha asegurado que su Gobierno seguirá creando empleo «en sectores altamente productivos y competitivos» y advierte un cambio estructural en la calidad y estabilidad del empleo, porque, según sus datos, el 84% de los afiliados a la Seguridad Social cuentan con un contrato indefinido y los niveles de temporalidad son los más bajos de las últimas décadas.
«Evidentemente, estamos en un escenario de ralentización de la economía europea, pero España cuenta con sólidos cimientos, gracias a los fondos europeos y las reformas que hemos puesto en marcha, para sortear con más garantías esta crisis», ha defendido.
VE AMENAZAS DE «POSICIONES MÁS REACCIONARIAS»
Al preguntársele si ve con preocupación las luchas en el espacio de Podemos y Yolanda Díaz, ha respondido que los proyectos de presentará su Gobierno de coalición para 2023 «habrán merecido la pena, y vale la pena seguir con cuatro años más de políticas y de avances progresistas».
Asimismo, ha alertado de que «existe una amenaza real de un cambio de gobierno hacia posiciones más reaccionarias, lideradas por el PP y la ultraderecha», por lo que considera de sentido común que las fuerzas progresistas trabajen para unir fuerzas más allá de las propias estrategias.
Por otro lado, preguntado por si murieron inmigrantes en territorio español durante el salto de la valla de Melilla, ha recalcado que el Gobierno ha puesto la información a disposición de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo: «Máxima transparencia y colaboración».
«Nos solidarizamos con los familiares de los fallecidos, pero tenemos que responsabilizar de todo este drama a las mafias que trafican con seres humanos. España es un país solidario que coopera con los países de origen y de tránsito, pero también es deber de este Gobierno proteger sus fronteras de cualquier ataque violento», ha añadido.
