Pedro Sánchez está más que dispuesto a conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Un propósito para el que el líder del PSOE no ha dudado en anunciar este pasado jueves la derogación del delito de sedición. Una medida que conseguirá que los independentistas catalanes de ERC apoyen, presumiblemente, las cuentas diseñadas por los socialistas del Gobierno pero que, a su vez, provoca una nueva división interna dentro de la formación. Una ruptura que, tal y como han reconocido dentro del propio partido socialista, les pasará factura en las próximas elecciones.
Momentos convulsos son los que está viviendo la política española. Y es que, en un entorno internacional marcado por la guerra de Ucrania y la incipiente crisis económica provocada por la misma, España se encuentra inmersa en la aprobación de los complicados Presupuestos Generales del Estado para 2023, así como en los primeros pasos de las campañas electorales de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones municipales, autonómicas y generales, que se celebrarán durante el próximo año.
Un momento crucial que está pasando especial factura al PSOE de Pedro Sánchez, que parece tener más frentes abiertos que medidas concretas, y más enemigos y amigos interesados que verdaderos aliados en el poder. Algo que se ha podido comprobar en los últimos movimientos de los socialistas del Ejecutivo nacional, que podrían estar dispuestos a reconocer la derrota en los próximos comicios, a cambio de contar con los suficientes apoyos para sacar los PGE adelante.
EL PSOE BUSCA APROBAR LOS PGE 2023
Así pues, este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía con el anuncio de la derogación del delito de sedición. Un anuncio que se convertía, este viernes, en una proposición de ley presentada por Unidas Podemos y PSOE, la cual plantea la supresión de los artículos que hacen referencia a la sedición, tal y como están redactados en la actualidad.
Un movimiento legislativo y político que bien podría estar justificado con la necesidad del Gobierno de España de contar con suficientes apoyos para aprobar los Presupuestos para 2023. Unos apoyos en los que ERC, el partido republicano de la Cataluña independentista, tiene un papel fundamental, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita «desesperadamente» el apoyo de los secesionistas para aprobar las Cuentas públicas.
Un apoyo que los independentistas catalanes no concederán al Ejecutivo de forma «gratuita», siendo esta modificación del delito de sedición un condicionante claro. Y es que a pocos les pasa desapercibido que esta derogación favorecerá especialmente a líderes del procés como Oriol Junqueras o al propio Carles Puigdemont.
EL PSOE SE ROMPE ANTE EL DELITO DE SEDICIÓN
Sin embargo, los socialistas tienen claro que esta decisión política, con claros intereses partidistas, le saldrá caro al PSOE en las próximas elecciones. Una realidad que ha sido expuesta públicamente por el portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, que no ha dudado en reconocer la pérdida de votos que esperan los socialistas tras esta decisión: «En cuanto a que si tiene coste electoral, el gobierno progresista adopta decisiones, hace política independientemente del coste electoral» ha destacado.
Una posición del PSOE «sanchista» que, sin embargo, ha provocado una nueva brecha interna dentro de la formación. Y, de nuevo, con los presidentes autonómicos de Aragón y Castilla La-Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, como los claros protagonistas. Y es que ambos socialistas «de la vieja escuela» han rechazado frontalmente esta nueva concesión del Gobierno nacional a los independentistas catalanes.
División que podría hacer que, junto a la derogación del delito de sedición, el PSOE de Pedro Sánchez se vea especialmente debilitado ante las próximas elecciones autonómicas, municipales y nacionales. Debilidad de los socialistas en las urnas que podría ser decisiva para que el Partido Popular, claramente contrario a esta derogación, sea el nuevo foco de interés para todos aquellos que no apoyen la medida socialista, convirtiendo el mapa electoral español al color azul en los próximos comicios.
