La renovación de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en una nueva «puñalada política» que los distintos partidos no dudan en lanzarse públicamente los unos contra los otros. Algo que se ha podido comprobar especialmente en los últimos días, cuando el nuevo rechazo del Partido Popular al acuerdo con el PSOE volvía a poner la renovación del órgano judicial en la casilla de salida. Una situación extrema en la que gran parte de los políticos y sus formaciones han querido pronunciarse, llegando incluso a pedir la intervención del Rey Felipe VI para desbloquear esta anómala situación judicial.
Carlos Lesmes decidía, el pasado 9 de octubre, dimitir de sus cargos al frente del CGPJ, así como del Tribunal Supremo. Una decisión del magistrado que llegaba después de cuatro años al frente del Consejo en funciones, debido a la falta de entendimiento entre los dos principales partidos políticos del país, PP y PSOE. Situación que ponía contra las cuerdas a ambos partidos, que pronto decidían ponerse «manos a la obra» para buscar un acuerdo «in extremis» para la renovación del CGPJ, mientras el resto de políticos y formaciones observaban muy de cerca la situación, no exenta de polémica.
«Yo a veces voy en metro, y en autobús, y escucho a la gente que habla de este tema» aseguraba ante los micrófonos de El País la ministra de Justicia, Pilar Llop. «La gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo» destacaba la socialista, aprovechando la situación para cargar contra el rechazo del Partido Popular a la renovación del CGPJ propuesta por el partido socialista. Palabras que pronto recibían un aluvión de críticas, no tanto ante la necesidad de renovar el Consejo, sino ante las muchas dudas que se generaban de que la ministra de Justicia utilizara el transporte público; y más aún, que escuchara estas conversaciones en el suburbano.
EL REY, LA FIGURA QUE PODRÍA «SALVAR» AL CGPJ
Sin embargo, los partidos políticos y sus representantes no han dudado en mostrar su parecer al respecto de esta renovación, siendo muchos los que han exigido una inmediata respuesta de PP y PSOE para renovar el Consejo, en funciones desde 2018. Sobre todo, después de la decisión del Partido Popular de levantarse de la negociación, ante las intenciones del PSOE de vincular esta cuestión a otras cuestiones, como la modificación del delito de sedición, en concordancia con los intereses de sus aliados independentistas del Gobierno.
«Han desarrollado todo el procedimiento, sabiendo que iban a romper las negociaciones» ha criticado Edmundo Bal, vicesecretario general de Ciudadanos, ante la negativa del PP a la negociación. Una negociación que el representante naranja no ha dudado en tildar de «pantomima». «Un teatrillo para hacer como que están negociando, pero ambos quieren que el sistema no cambie para repartirse los puestos» ha criticado.
Acusaciones al Partido Popular que también han sido repetidas desde Podemos, siendo la secretaria de Organización de la formación, Lilith Vestrynge, la encargada de cargar contra la formación de Núñez Feijóo, así como de destacar la necesidad que el poder para desbloquear el CGPJ recaiga en «la realidad parlamentaria», «plural» frente al «bipartidismo» de PP y PSOE. «El PP reinicia una negociación que finalmente paraliza porque considera que está por encima de la propia democracia en nuestro país» ha criticado la podemita, que ha asegurado que es inadmisible que el PP «tenga el dedo en el botón hasta el momento en que decida desbloquear».
Críticas de los partidos ante esta anómala situación que ha llevado incluso a la formación morada a replantearse algunos de sus principales puntos ideológicos. Así pues, a pesar de que Podemos sostiene desde sus inicios su carácter antimonárquico y republicano, lo cierto es que Vestrynge no ha dudado en buscar en la figura del Rey Felipe VI una «herramienta» para desbloquear el CGPJ. En concreto, la podemita ha destacado que será apreciado «todo lo que pueda hacer el Jefe de Estado», buscando en el monarca una figura que «arbitre un sistema más democrático y una renovación de un órgano que lleva cuatro años sin ser renovado».
