Los clubs de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank están poniendo de manifiesto su oposición a aspectos de la nueva Ley del Deporte que les afectan y dejando patente que no van a permitir «volver atrás en beneficio de dos clubes”, según trasladan fuentes de algunos conjuntos.
Aseguran estar dispuestos a todo para proteger su futuro y también el acuerdo con CVC, que estaría en jaque por la retirada por parte de PP y PSOE de una enmienda a la futura Ley del Deporte, que dotaba de seguridad jurídica a la explotación comercial de los bienes y derechos de los clubes, entre los que se incluía la inyección de los casi 3.000 millones de euros a 39 de los 42 clubes de primera y segunda división, según explican las mismas fuentes.
En este sentido, durante la próxima Asamblea Extraordinaria que se celebrará el próximo jueves en LaLiga, los clubes van a valorar el estado en el que se encuentra la nueva Ley del Deporte y posibles acciones, tales como un eventual parón de la competición a modo de protesta, una opción que cada vez cobra más fuerza.
Sin embargo, todas las partes, desde el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y el secretario general de Cultura y Deportes, Víctor Francos, a los clubes, apelan a la vía del diálogo para solucionar esta situación.
David Espinar, director del gabinete de Presidencia del Real Valladolid, expresaba ayer antes del partido entre el Real Valladolid y RC Celta su preocupación señalando que “se llegó a pactar con el partido en el Gobierno y en la oposición una serie de enmiendas al anteproyecto de ley de la Ley del Deporte. Esas enmiendas desaparecieron por el partido de la oposición y nos ha dejado un poco en entredicho con toda esta situación y pensamos que es injusto, porque pone en tela de juicio un acuerdo tan importante como el de CVC, el crecimiento de LaLiga en los últimos años y, en resumen, la estabilidad y la salud de este campeonato por unas presiones que no queremos saber de dónde vienen, pero que evidentemente se han realizado”.
Algo que también ha suscrito el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, en la previa del derbi andaluz ante el Real Betis, que declaró que “lo que pasa es que al parecer los dos partidos más importantes de España se han puesto de acuerdo para ir en una directriz totalmente contraria a lo que pensamos los clubes de LaLiga, y en ese sentido nosotros lucharemos por nuestros intereses”.
Además, Vizcaíno hizo hincapié en que “esta es una competición en la que todos los clubes de primera y segunda división son rentables, y no queremos volver a un estatus para volver a tener dificultades como hace 14 años, porque somos el 1.4 del PIB a nivel nacional y generamos unos 250.000 puestos de trabajo”. Unas declaraciones que finalizaba de manera tajante el presidente del Cádiz: “No vamos a permitir que se pierdan puestos de trabajo y se vuelva para atrás en beneficio de uno o dos clubes”.
La situación se produce porque entienden que si se ve afectado el proyecto conjunto con CVC generaría un problema económico para el futuro de los clubes, ya que, al no disponer de esa seguridad jurídica que garantizaba la enmienda retirada, el acuerdo tendría que revisarse y los clubes finalmente no percibirían los 1.000 millones pendientes de entregar en el próximo mes de junio.
El impacto de la nueva Ley del Deporte, según los clubes que forman parte de la primera y segunda división, excepto Real Madrid y Barça, clubes que apuestan por la Superliga, además del Athletic de Bilbao, supondría un frenazo también en el negocio de 200 millones de euros anuales por ingresos comerciales que el resto de clubes reciben de manera directa y que tiene repercusiones en ámbitos como el control económico de los clubes, popularmente conocido como el ‘límite salarial’, e incluso la organización de LaLiga Genuine.
Asimismo, alertan de que esta situación también reduciría de manera drástica los ingresos en los próximos 10 años, aproximadamente unos 9.100 millones de euros, y que dañaría no solo a la competición, sino también a la sostenibilidad económica de los clubes.
