Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se han convertido en uno de los elementos más relevantes para los próximos meses para la política española. Y, especialmente, para el Gobierno de España. Unas cuentas públicas en las que los independentistas catalanes, liderados por Pere Aragonès, esperan conseguir su propio trozo del «pastel». Presupuesto para los de Esquerra Republicana que deberá ser negociado por un Ejecutivo nacional que depende del «sí» de vascos y catalanes tanto para aprobar las Cuentas, como para mantenerse «a flote» hasta las elecciones generales de 2023.
El Gobierno de España se encuentra centrado actualmente en conseguir aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Unas Cuentas públicas que determinarán el presupuesto que invierta la nación en cada uno de los sectores relevantes del país, y en cada uno de los 22 ministerios que componen actualmente el Gobierno nacional.
Un Ejecutivo nacional que se encuentra inmerso en la negociación de estos Presupuestos, incluso, de forma interna. Y es que la división entre los socios de coalición, PSOE y Podemos, se nota profundamente en las partidas a destinar dentro de las Cuentas para 2023. Especialmente, en el gasto público que se aprobará para sectores tan polémicos como el Ministerio de Defensa, de Margarita Robles, o el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, que espera conseguir hasta 810 millones de euros de las arcas públicas para el próximo año.
PERE ARAGONÈS QUIERE SU TROZO DEL PASTEL
Sin embargo, la formación morada no es el único partido con el que Pedro Sánchez y su equipo tendrán que negociar para sacar adelante los PGE de 2023. Así pues, contando ya con el voto en contra de la oposición, el PSOE parece mantener su apuesta por negociar con las formaciones independentistas vascas y catalanas. Y en especial, con la Generalitat dirigida por Pere Aragonés.
Un independentismo catalán que no dejará barato su apoyo a los Presupuestos, tal y como se ha convertido en una «tradición» en las negociaciones de las Cuentas. Así pues, los independentistas de Pere Aragonès buscarán conseguir beneficios autonómicos como «pago» de su apoyo a los PGE de 2023.
Beneficios de cara al independentismo que, este año, podrían estar centrados en los intereses del independentismo catalán con respecto a la educación. Y en concreto, con la erradicación del uso del castellano en las escuelas públicas catalanas. Un uso del castellano que el independentismo catalán ha minimizado en los últimos años, y que ha provocado que los tribunales españoles condenen a la Generalitat, en más de una ocasión, a garantizar el 25% de las horas lectivas de Cataluña en castellano.
MENOS CASTELLANO A CAMBIO DE LOS PGE
Y es precisamente en esta obligación judicial donde podría residir la «moneda de cambio» de los independentistas para la aprobación de los PGE de 2023. Y es que Pere Aragonès, dispuesto a mantener su desafío independentista, podría condicionar al Gobierno nacional a aprobar las pretensiones lingüísticas de los independentistas para dar su «sí, quiero» a las cuentas nacionales.
Condiciones que el presidente de la Generalitat catalana sabe que Pedro Sánchez estaría dispuesto a asumir. Más aún, después de la última entrevista concedida por Aragonès, en la que el líder de Esquerra no dudaba en confirmar ante las cámaras que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo nacional para que no recurriese la normativa catalana ante los tribunales, permitiendo así que el independentismo continúe con sus pretensiones lingüísticas en las escuelas, a pesar de la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Un acuerdo sobre la educación en Cataluña que podría ser clave para el «sí» de Esquerra a los PGE presentados por el Gobierno nacional que, una vez más, muestra estar dispuesto a llegar a acuerdos con los que buscan romper el país, antes de llegar a una «coalición» económica con los principales partidos nacionales.
