La Audiencia Nacional (AN) sienta desde este lunes en el banquillo por la pieza del ‘caso Madeja’ relativa al Ayuntamiento de Sevilla a 13 personas, entre ellas exconcejales de PSOE, Izquierda Unida (IU) y PP acusados de tráfico de influencias y cohecho activo en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Fitonovo.
En este juicio, la Fiscalía pide penas a partir del año y medio de cárcel y multas como mínimo de 4.200 euros para los exconcejales Manuel Gómez (PSOE), Antonio Rodrigo (IU), José Manuel García (IU)y Joaquín Peña (PP y ex director general de Medio Ambiente). También acusa a Domingo Enrique Castaño, exasesor socialista y exdirector de Vía Pública, y a Antonio Miguel Ruiz, exasesor de Izquierda Unida.
Del mismo modo, la Audiencia Nacional va a juzgar a funcionarios municipales como Francisco Amores, que fuera jefe del servicio de Parques y Jardines; al capataz Manuel Pineda; a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa; y a empresarios o representantes de empresas como Carlos Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas, Juan José López y José Gutiérrez.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que los socialistas Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez consiguieron que Fitonovo, «a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa», asumiera pagara al partido alrededor de 160.000 euros, entre otras cosas para unas obras en la Agrupación Local Macarena.
Respecto a IU, el Ministerio Público detalla que José Manuel García, Antonio Rodrigo y Antonio Miguel Ruiz recibieron de Fitonovo 155.000 euros –de los que 70.000 se le habrían entregado a uno de ellos en una caja de zapatos– por numerosas adjudicaciones, como once contratos para poner césped artificial en campos de fútbol.
CORRUPCIÓN ENTRE 1995 Y 2013
La Fiscalía describe que Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a lograr «contratos públicos irregulares». Mediante la estructura comercial de la empresa, armó una red de contactos con «funcionarios corruptos» que les facilitaban la contratación y estableció una «contabilidad paralela» que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar los «sobornos» a funcionarios públicos.
La continuidad de las prácticas corruptas entre 1995 y 2013, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados «llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal», asegura.
Según la Fiscalía, Fitonovo puso en marcha una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, usó «medios ilícitos» para conseguir las contrataciones, «causando grave daño al interés público», ya que «pervirtieron» numerosos concursos «en detrimento» de las arcas e interés públicos, causando un «grave daño socioeconómico» a las empresas que participaban de forma legal, «al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama», señala, coincidiendo con el juez instructor José de la Mata, que en 2019 abrió juicio oral a 88 personas por las siete piezas del caso.
El Ministerio Fiscal puntualiza que la entrega de comisiones se prolongó durante al menos quince años, por lo que acabó afectando a múltiples administraciones estatales, autonómicas y locales, e involucró en todo el país a un «elevado número de funcionarios y autoridades» de lugares como Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.
Como el pago de comisiones a funcionarios no podía justificarse de forma lícita, añade, Fitonovo tenía una ‘caja B’ que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.
El juez instructor atribuyó tanto a PSOE como a IU la condición de partícipes a título lucrativo en la investigación que afecta al Ayuntamiento de Sevilla por beneficiarse de la trama corrupta.
