El Gobierno Vasco ha otorgado en los últimos días el tercer grado a otros cinco presos de ETA, entre ellos Asier Carrera, condenado por el atentado mortal con coche bomba que acabó con las vidas del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta en el año 2000.
La decisión de progresar al tercer grado afecta también a Garikoitz Arruarte, Ainhoa Barbarin, Roberto Lebrero y Patxi Marques, según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Asier Carrera, el único de los cinco con delitos de sangre, disfrutaba hasta ahora del principio de flexibilidad penitenciaria del artículo 100.2. Ingresó en prisión en noviembre de 2000 por una condena de 30 años por los delitos de asesinatos, lesiones, tenencia de armas, estragos y violencia, según informó Instituciones Penitenciarias cuando fue trasladado de cárcel.
En concreto, Asier Carrera cumple condena por ser el terrorista encargado de accionar el mando a distancia del coche bomba que mató al dirigente del PSE-EE y al ertzaina que ejercía funciones de escolta. Además, la Audiencia Nacional le condenó por haber intentado atentar en el año 2000 contra el diputado general de Álava, Ramón Rabanera.
PREOCUPACIÓN DE LA AVT
En total, el Gobierno Vasco ha progresado al tercer grado a 29 etarras desde que asumió la competencia penitenciaria hace un año, según el recuento de la AVT. Sin contar las últimas cinco decisiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha recurrido 16 acuerdos del Departamento de Justicia vasco, de los que dos ya han sido revocados.
Tras una reciente jornada de trabajo en la prisión de Zaballa (Álava) por el primer año de la transferencia de prisiones, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, insistió en que «no hay tratamientos colectivos» para los presos de ETA y que ninguno «obtendrán beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos, sea de ETA o no».
La AVT ha reiterado su preocupación por la cifra que indica que ocho de cada diez presos etarras están en cárceles vascas, una comunidad autónoma con un Ejecutivo que apuesta por un modelo penitenciario que «potencia el régimen abierto».
De los 16 terceros grados del Gobierno Vasco recurridos, dos ya han sido revocados. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, justificó su decisión para Gorka Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao Gaubeca en la falta de un perdón expreso a las víctimas de sus delitos.
El juez recordaba que la ley exige como «requisito» para la concesión del tercer grado que conste una «petición expresa de perdón a las víctimas» del delito, así como el abono en concepto de responsabilidad civil.
La Audiencia Nacional revocó con anterioridad otros tres terceros grados, en este caso otorgados a iniciativa de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior: Unai Fano, Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tampoco apreció un «arrepentimiento expreso» de los delitos cometidos y del daño causado.
El Ejecutivo central concedió 28 terceros grados a presos de ETA desde mediados de 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, según las cifras de Instituciones Penitenciarias, el organismo dependiente del Ministerio del Interior que impulsó el acercamiento de los condenados por terrorismo hasta prisiones del País Vasco y Navarra.
