La nueva Ley de Memoria Democrática ya es una realidad tras ser aprobada por el Pleno del Senado este miércoles. El proyecto ha salido adelante después de más de una hora de votación, teniendo como resultado 128 votos a favor, 113 en contra y 18 parlamentarios que se han abstenido. La ley de Memoria Democrática fue presentada en el Senado de la mano del Gobierno, que recibió el respaldo de Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. Por otro lado, la Cámara Alta ha desestimado los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN. La nueva normativa entrará en vigor en los próximos días con la publicación por parte del Boletín Oficial del Estado.
El objetivo que anhelaban los partidos implicados era modificar y renovar lo establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que ha tardado más de un año y medio desde que se diera el visto bueno el Congreso de los Diputados. Es verdad que se perdió el hilo durante varios meses, quedándose en el limbo tras la negativa de apoyo por parte de ERC, que consideraba que los pilares que fundamenta dicho cambio no se adecuaban al ideario de su partido. Hay que sumar que, en octubre de 2021, el Gobierno carecía de sustentos para llevar la tramitación debido a la oposición infranqueable de PP y Vox.
¿QUÉ CAMBIOS PRESENTA LA NUEVA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA?
Las bases que se escribieron en el proyecto legislativo tenían como principal objetivo, según lo que publicó la Moncloa el 20 de julio de 2021, « la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales». También han aclarado que no derogarán la Ley de Amnistía de 1977, pero sí que, debido a la entrada en vigor de la nueva ley, se tendrá que interpretar los códigos y preceptos en concordancia con el Derecho Internacional, concretando que se deberá prestar especial atención al Derecho Internacional Humanitario.
La proposición que más debate interno ha generado entre los diversos partidos que secundaron este proyecto fue la declaración de considerar víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta el año 1983. Bildu fue el principal abanderado de dicha medida que ha luchado con uñas y dientes para que saliera a la luz como rectificación de la obsoleta ley de 2007, que data del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esto implica la creación de una Comisión que evalúe y estudie posibles vulneraciones de los derechos humanos que se realizaron entre los años 1977 y 1983, es decir, desde la aprobación de la Constitución que rige nuestro país, hasta el principio de la legislatura de Felipe González. Las quejas e inconformidades se han hecho notar entre antiguos cargos del PSOE, como el caso del expresidente del Senado Juan José Laborda, que no solo se ha declarado en contra de dicha ley, sino que afirma que es un atentado contra el pacto más relevante de la historia de la democracia española: la Constitución.
Dejando a un lado la ley que pactó el PSOE con Bildu, un punto clave del proyecto que saldrá a la luz esta semana ha sido declarar ilegal el régimen franquista y todos los órganos institucionales y tribunales que tuvieran relación directa con la dictadura. En la sección 2 del capítulo IV del Proyecto de Ley de Memoria Democrática recoge que todo aquella exaltación del régimen dictatorial será eliminada del marco legal, alegando lo siguiente: «Con este mismo objetivo, la sección 2ª se ocupa de la revocación de las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios que supongan la exaltación de la Guerra y la Dictadura.
La nueva ley aprobada este martes en el Senado no se queda en las formalidades y en erradicar los tribunales franquistas. De hecho, trata de dar un paso hacia adelante al establecer una búsqueda de aproximadamente 114.000 personas con paradero desconocido durante la Guerra Civil y, por extensión, durante el régimen de Francisco Franco finalizado en el año 1975. Para ello, se ha puesto un dispositivo de geolocalización, los cuales han elaborado en los últimos meses un mapa de zonas calientes donde podrían estar los restos de los desaparecidos. Todo esto, respaldado por un banco estatal de ADN para tratar de desvelar los entresijos y comparar las muestras administradas para la identificación de restos.
Al igual que Bildu, PDeCat ha querido aportar su granito de arena, lo que le ha permitido adoptar una posición activa en la redacción del proyecto. El partido catalán ha recalcado e impuesto al gobierno la incorporación de un organismo que evalúe la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».
