Subida salarial del 3,5% y jornada de 35 horas. Es la propuesta del Gobierno, encabezado en este caso por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero, al menos a corto plazo, porque de aquí a 2024 el plan es aumentar el salario total en un 8%. Lo que en otra época podría parecer un gran logro, para los sindicatos es del todo insuficiente. Sus argumentos se fundamentan en la fuerte inflación de dos dígitos que estamos sufriendo y que parece va para rato. En definitiva, son subidas con las que no se mantendrá siquiera el poder adquisitivo.
Los sindicatos quieren ir mucho más allá y no solo eso, sino que la subida implique «una recuperación intensa» del poder adquisitivo perdido, lo que traducido significa un incremento real por encima de la inflación, lo que implicarían subidas que se antojan inasumibles para las arcas del Estado: más del 10%.
En concreto, el Ministerio de Hacienda ha propuesto a los sindicatos una subida gradual, que sumada de un 8% para 2024. Se dividiría en tres tramos: una subida extra del 1,5% para 2022 que se sumaría al 2% que se aprobó el año pasado, un 2,5% para 2023 y finalmente un 2% en 2024, según confirmaron fuentes sindicales a 20minutos. Pero habría «letra pequeña», por que una época con tanta incertidumbre, todo ello estaría supeditado a una serie de variables macroeconomómicas, como el crecimiento del PIB y el nivel de inflación.
EN REALIDAD LOS SINDICATOS PIDIERON MENOS
Pero las cosas han cambiado, y mucho, con una inflación desbocada. Los sindicatos pedían para el próximo año una subida del 2,5%, con lo que la oferta del Gobierno es superior. Sin embargo, ahora exigen que se compense a los empleados públicos por la pérdida de la capacidad adquisitiva sufrida este año. Por entonces, no sabían y seguramente ni imaginaban que se cerraría el año con una previsión anual de inflación de entre un 8,5 y un 10,5%. Y recordemos que la inflación es acumulativa, con lo que cada mes se va encareciendo más y más la vida.
Si finalmente la propuesta del Gobierno es la que se implemente, supondrá un gasto para el Estado de 5.000 millones de euros. Recordemos que en los años anteriores se abonaron 141.000 millones en deudas a empleados públicos. Muchos pensarán que hay mucho margen de actuación con los 22.000 millones de euros que el Estado ha recaudado de más, gracias a los incrementos de precio que por tanto hacen subir los ingresos por el IVA. Pero hay que añadir el gasto de otro objetivo: subir las pensiones conforme al IPC.
¿UN CASTILLO DE NAIPES?
La cuestión, más allá de tiras y aflojas entre sindicatos y Gobierno, es hasta cuándo se podrá tensar la cuerda. Cada vez más voces apuntan a que esta situación de sobre endeudamiento creciente y de aumento de gasto público, en un país donde no llega a los niveles del país con más presencia estatal del mundo, Francia, pero que ocupa un puesto cabecero en el ranking, es insostenible. A los más de tres millones de funcionarios que tiene España, se han sumado este año otras 44.787 plazas, un refuerzo histórico.
Todo ello no afecta a la fuerza en las reivindicaciones de los sindicatos, que van más allá, solicitando no sólo una jornada de 35 horas sino la extensión de la jubilación anticipada al conjunto de los empleados públicos y la derogación de los recortes producidos en el sector desde 2010. Para ello se han movilizado, con manifestaciones como la del pasado fin de semana en Madrid, donde se congregaron más de 70.000 personas (17.000 según la Delegación el Gobierno), para clamar por una mejor salarial y no perder poder adquisitivo.
Dentro de la negociación abierta, lo que ofrece el Gobierno es, aparte de la jornada de 35 horas, mejoras para la promoción interna, movilidad y acceso, así como mejoras para el personal laboral del exterior, todavía sin concretar, así como el desarrollo de la Ley de Función Pública, en alusión a la evaluación del desempeño, el teletrabajo y la captación de talento. Las reuniones continúan y veremos si se cristaliza un acuerdo definitivo entre el Ejecutivo y los sindicatos sentados a la mes: UGT, CCOO y Acción Sindical de CSIF.
