La investigadora de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas y autora de un estudio sobre la prostitución en España, Carmen Meneses, ha señalado que las medidas del Gobierno en materia de trata «no están bien canalizadas» por la falta de perspectiva que existe sobre el tema y ha advertido que, actualmente «las prostitutas están asustadas» y «están viendo como trabajar en clandestinidad».
En pleno debate entre los socios del Gobierno sobre el contenido de la Ley Integral de Trata que está elaborando, el Ejecutivo ha aprobado, además, el Plan Camino dirigido a impulsar una atención integral a las víctimas de este delito, así como las que sufren explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostitución.
Según ha explicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en estos días, esta iniciativa supone la puesta en marcha de una macroencuesta para obtener datos reales sobre esta materia en el país, se impulsará una regularización de las víctimas que no estén en situación administrativa regular y se pondrá a su servicio, sin necesidad de denuncia, la ayuda psicosocial y económica necesaria para salir de la violencia, entre otras medidas.
Sin embargo, para Meneses, estas políticas «son más de lo mismo» de lo que había hasta ahora porque «no hay estudios previos que ayuden a dirigir las políticas» y que esta «cubra las necesidades reales» de estas mujeres.
Y, aunque ha reconocido que la ministra sí ha anunciado un estudio, cree que «le va a costar Dios y ayuda» porque las prostitutas en España están ahora «muy nerviosas» y «planteándose cómo hacer para trabajar en la clandestinidad».
Parte de este nerviosismo, según ha indicado la experta, parte de que la mayoría de las que se encuentran en esta situación no tienen papeles y, en este sentido, ha llamado al Ejecutivo a hacer algo en materia de extranjería. De hecho, ha señalado que es más importante este paso que el hecho de poner en marcha una norma abolicionista de la prostitución.
«Muchas de las mujeres que actualmente se dedican a la prostitución empezaron en ella cuando se les acabo la visa«, ha indicado Meneses, quien ha realizado un estudio sobre este tema durante el periodo de confinamiento y pandemia de la Covid-19.
En concreto, y según ha explicado la investigadora principal de este trabajo, el informe se realizó a través de un cuestionario breve, de menos de 10 minutos, en las 14 provincias en las que las Hermanas Oblatas cuentan con acciones con mujeres en contextos de prostitución.
De este modo, se obtuvo la información de 415 mujeres de las cuales, un 15% eran nacidas en España y un 47% eran extranjeras sin documentación legal. «Estas últimas están condenadas al ejercicio de la prostitución porque están indocumentadas. Durante el confinamiento no pudieron renovar sus papeles y en la pandemia se han endurecido las condiciones de la prostitución por la clandestinidad. Es más urgente revisar las condiciones de las restricciones migratorias en España que legislar sobre la prostitución», ha insistido.
Esta situación irregular también tiene sus consecuencias en el acceso a las prestaciones que podrían tener. «Casi todas las mujeres eran susceptibles del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero ninguna podría reunir los requisitos que les pedían«, ha declarado Meneses.
Tal y como ha explicado, cuando se pone en marcha esta ayuda, en los primeros meses tras el confinamiento, todos los accesos a esta medida era ‘online’ y, no todas tenían el dinero ni estaban en circunstancias de poder acceder a Internet. Además, se requería un empadronamientos que estas mujeres no suelen tener debida a «la movilidad» de su profesión. «Más cuando no están en situación regular que suelen cambiar de sitio para que no las deporten», ha indicado la experta.
Por supuesto, la investigadora también critica el hecho de que se pidan los tres años de arraigo para poder acceder a una documentación legal ya que, la situación vital de mujeres en contextos de trata y prostitución no les permite demostrar de ninguna manera dicho arraigo.
El estudio del Grupo de Investigación Genero, Riesgo y Vulnerabilidad de la Universidad Pontificia Comillas, liderado por Meneses, también recoge otras cifras destacables, como que, durante el confinamiento y la pandemia, el 44% de las encuestadas continuó ejerciendo y un 39% se iniciaron en este periodo por coacción de un proxeneta. Además, un 31% tenía deudas por venir a España y un 52% de ellas aumentó esa deuda durante la pandemia.
Los expertos han destacado también que el 65,8% ha cambiado su relación con los hombres que pagan por sexo, debido a que la clandestinidad «ha generado mayor desprotección». Así, el documento recoge que el 24% ha tenido un episodio violento por algún demandante de sexo y un 70% les pidió no usar métodos de protección.
Por otra parte, las mujeres han sufrido un abaratamiento de los precios de las prestaciones sexuales de forma que, el 91,2% redujo sus ingresos. Como consecuencia, al 83,3% de las encuestadas les preocupaba el pago del alquiler porque no tenía dinero, y para el 77,3% era muy difícil mandar dinero a su familia. Del mismo modo, el 68,2% empeoró su salud psicológica y el 44% también la física.
