El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el informe de la ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, que, entre otras cosas, reconoce la «muy baja competitividad» de estos territorios, en una votación en la que el PP ha optado por abstenerse y Vox lo ha rechazado. En concreto, el informe ha contado en el Senado con 154 votos a favor, cuatro en contra y cien abstenciones, del PP. Ya en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, los ‘populares’ decidieron abstenerse y Vox también rechazarlo.
El informe resulta de una ponencia que se ha extendido durante más de dos años en la Cámara Alta y ha contado con la comparecencia de 64 ponentes, consiguiendo reunir a cuatro presidentes autonómicos y a los de los cabildos. Su objetivo es analizar las «problemáticas» que acontecen y afectan a ciudadanos de los territorios insulares españoles y a Ceuta y Melilla, por su condición de territorios extrapeninsulares.
Así, sus conclusiones –que se estructuran en los bloques institucional; económico y transformación digital; transportes, emergencia climática y medio ambiente; y políticas sociales y diversidad– constatan estas dificultades, que afectan efectivamente a la calidad o nivel de vida de los ciudadanos de estos territorios y determinan una pérdida de competitividad respecto a los peninsulares o continentales.
Con el foco puesto en la competitividad, un estudio presentado por la Fundación Impulsa Baleares en el marco de la ponencia mostró que, en el ámbito de la Unión Europea (UE), estos cuatro territorios tienen una «baja o muy baja» competitividad. De las 233 regiones europeas, las Islas Baleares se sitúan en la posición 143, Canarias en la 153, Ceuta en la 216 y Melilla en la 213.
NO SÓLO «MERAS» MEDIDAS COMPENSATORIAS
El texto reclama que la corrección de los desequilibrios que la insularidad y la situación extrapeninsular de Ceuta y Melilla provocan se aborden no sólo con medidas compensatorias –se han adoptado sobre todo en los terrenos económico y fiscal–, sino también con medidas dirigidas a la corrección de las desventajas reales de estos territorios.
El trabajo habla concretamente de «meras» compensaciones económicas o medidas de carácter fiscal y señala la existencia de otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta porque afectan al desarrollo económico y social de estas zonas y que tienen efecto en los derechos de los ciudadanos, que ven su desarrollo personal y colectivo «limitado» por las «desiguales posibilidades» que tienen. En esta línea, considera «clave» la actuación del Estado a la hora de compensar esta desigualdad.
El informe destaca los aspectos referidos al transporte y la conexión de los territorios entre los que se han abordado durante las ponencias, además de la fragilidad desde el ámbito medioambiental por el espacio limitado de las islas. La situación fronteriza de todos ellos también se puede destacar: Canarias e Islas Baleares por se fronteras marítimas y en Ceuta y Melilla, donde representa una especificidad clave para atender las demandas de estos territorios. Se mencionan también aspectos de carácter sociolaboral o educativo que limitan las oportunidades y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de los archipiélagos y de las ciudades autónomas, así como de las empresas ya establecidas y sus posibilidades de desarrollo.
