La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebra este martes, día 20, el juicio contra una mujer acusada de trata de seres humanos con fines para la explotación sexual, entre otros delitos, por los que la Fiscalía solicita una pena total de diez años de prisión.
El Ministerio Público sostiene que en julio de 2018 la acusada contactó con la víctima, natural de Colombia donde residía en ese momento en una situación económica «del todo precaria», para ofrecerle la posibilidad de viajar a España «y trabajar en la prostitución, tal y como ella hacía».
A tal efecto, le envió 1.000 euros para cubrir «los gastos de transporte y entrada en el país», cantidad que debería ser devuelta «con el resultado de los servicios prestados». Según recoge el escrito de acusación, en el momento en que la afectada llegó a España esta deuda ascendió «sin justificación» a 10.000 euros.
Fiscalía asegura además que la procesada «prevaliéndose de su situación de necesidad» le impuso unas condiciones de trabajo «abusivas» .
Para ejercer la prostitución, apunta el escrito, la acusada contactaba con los propietarios o gerentes de diferentes «pisos de contactos» ubicados en las ciudades de A Coruña y Lugo, a los que «arrendaba las habitaciones» en las que se iban a desempeñar los servicios ofertados en varias páginas web.
El Ministerio Fiscal añade que en noviembre de 2018, la procesada se enzarzó en una disputa con la víctima tras comunicarle esta su intención de «volver a su país y dejar de ejercer la prostitución«.
Durante la trifulca, «le quitó el pasaporte», la empujó y la amenazó con matarla «si no continuaba trabajando hasta saldar el total de la deuda». «No consta que a resultas de este incidente la perjudicada hubiese sufrido lesiones».
Según el escrito, en el momento de su detención, la acusada exhibió a los agentes de la autoridad un pasaporte «a nombre de una tercera persona», el cual contenía «diversos sellos de entrada y salida a través de Portugal y Grecia que resultaron ser falsos«.
Fiscalía califica estos hechos de delito de trata de seres humanos con fines para la explotación sexual, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delito de falsedad en documento oficial y delito leve de lesiones.
Por ellos pide una pena total de diez años de prisión y solicita el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima por «daños morales».
