El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell vincula su acusación por presunto fraude de 230.296 euros a Hacienda –por el que ha sido juzgado este lunes– a la «persecución» a raíz de la ‘Operación Cataluña’ y el encargo de la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho al excomisario José Manuel Villarejo para que lo investigara. «En estas extrañas circunstancias este letrado puede comprender perfectamente que mi cliente, Sandro Rosell, se sienta objeto de una persecución. Motivos para pensar así no le faltan», ha dicho el abogado Pau Molins durante su informe final en el juicio de este lunes en el Juzgado Penal 3 de Barcelona, en el que ha pedido la absolución de Rosell.
Molins ha señalado que Rosell «hasta que accedió a la presidencia del Barça no había tenido ni un problema con la justicia, a partir de ese momento empezaron todos sus problemas a partir de una conversación entre la entonces presidenta del PP, Alicia Sánchez-Camacho, y Villarejo», ha dicho en referencia a los audios publicados de las conversaciones de la ‘Operación Cataluña’.
En este juicio la Fiscalía pide una condena de dos años y nueve meses, mientras que la Abogacía del Estado reclama dos años y dos meses, por un presunto fraude de 230.296 euros –la cantidad se ha recalculado durante la vista, al principio se le reclamaban 230.591 euros– en la declaración de 2012. Rosell ya devolvió esta cantidad y pagó los intereses por el retraso (otros 57.320 euros), y por eso la acusación de la Fiscalía ya incluye una atenuante de reparación del daño.
ACUSACIÓN «INSOSTENIBLE»
Según las acusaciones, Rosell supuestamente se aprovechó de una empresa de la que era el único titular, TOC SLU, y que estaba dedicada a la organización de eventos, alquiler y compraventa de inmuebles y a la promoción inmobiliaria para evitar tributar, y en este sentido el fiscal ha subrayado que sus clientes «no acudían a una empresa, acudían a una persona física». En cambio, el abogado de Rosell lo ha tachado de una «acusación jurídicamente insostenible», ha defendido que su cliente ha declarado toda su actividad y ha mantenido que solo se le acusa por haber facturado a través de una sociedad unipersonal y no como empresario.
TESTIGOS
En el juicio de este lunes han declarado como testigos los responsables de todas las empresas que en 2012 facturaron para TOC SLU y han contado que Rosell les prestó servicios relacionados con las relaciones públicas, asesoramiento y alquiler de una masía que tiene en l’Empordà (Girona). También han declarado técnicos de Hacienda que han aportado detalles técnicos sobre los informes que iniciaron esta causa judicial y peritos de la defensa especializados en fiscalidad.
