El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que está siendo juzgado por tres piezas del caso ‘Tándem’ en la Audiencia Nacional, ha solicitado al tribunal que se cite de nuevo al que fuera director adjunto operativo de la Policía, Agustín Linares; al ex jefe de la Unidad Central Operativa de La Guardia Civil (UCO), Manuel Sánchez Corbí; y del ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Francisco Javier Miguelañez, tras haberse publicado unos audios en un medio digital que desmontarían sus testificales en el juicio.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa indica que a la luz de esos nuevos audios se debe acordar una sumaria instrucción suplementaria por el plazo de 30 días en al que se debe requerir al medio que ha hecho públicas esas conversaciones del comisario con otros mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que aporte los originales.
Interesa asimismo que, una vez los aporten a la causa, se proceda al análisis por la Policía Judicial para comprobar su autenticidad e integridad. Quiere además que Asuntos Internos informe de si en su documentación sonora que se intervino al comisario Villarejo en los registros constan tales grabaciones de audio.
Subsidiariamente, y en caso de que no cite de nuevo a testificar a los tres, pide que se acuerde en sentencia «deducir testimonio» al entender que Linares y Corbí han podido incurrir en la comisión de un delito de falso testimonio en contra del reo en causa criminal. Esos audios, explica Villarejo en el escrito evidenciarían que ambos «habrían faltado a la verdad en sus manifestaciones sobre aspectos nucleares de los hechos objeto de enjuiciamiento prestados en la vista».
SÁNCHEZ CORBÍ
Del ex jefe de la UCO, Villarejo sostiene que «testificó faltando a la verdad, tratando de desviar la atención sobre el verdadero origen de la causa Tándem al asegurar ser el impulsor de la irónicamente llamada ‘denuncia anónima’, ante la Fiscalía Anticorrupción, origen de la referida causa general». Dice que de las conversaciones grabadas por el comisario en 2016 con él, se entiende que Sánchez Corbí mintió «claramente» en el juicio respecto a cuál había sido la verdadera génesis de la «falsa investigación», que sirvió de base a la querella de Fiscalía «y provocó la detención y encarcelamiento» de Villarejo.
Además, sostiene que en 2016, Sánchez Corbí ya advirtió al comisario encausado «que tuviera cuidado con un montaje que le estaban preparando y en lenguaje casi encriptado le preguntó (…) si ha recibido el mensaje de advertencia que le mandó». Señala que Sánchez Corbí también mintió cuando dijo que conocía al comisario sólo de oídas por trabajar ambos en tareas de inteligencia, y señala que «tiene sin duda una peculiar medida, a la hora de valorar la trascendencia o no del contenido de las conversaciones que mantiene» porque en las grabaciones se ve que Corbí y Villarejo «abordan temas de cierta importancia y confidencialidad» como las maniobras del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán contra el comisario.
De hecho, añade Villarejo en el escrito, en los audios se puede escuchar cómo ante la inminente retirada del comisario, quiere cederle al jefe de la UCO sus informadores más valiosos. «Todas estas revelaciones evidencian el grado de confianza y cercanía que sin duda mantenía con mi defendido; evidenciando por ello el cúmulo de falacias que dijo en el juicio, quien fuera jefe de la UCO, tal vez presionado para mentir y apartarse de su hasta entonces honorable e intachable conducta», añade.
AGUSTÍN LINARES
Villarejo también pone en cuestión el testimonio de Linares tras escuchar esos nuevos audios publicados en medios digitales, y lo tacha de espurio. Así, le acusa de mentir «impunemente» en el juicio gracias a que esos audios no vieron la luz antes del comienzo de la vista oral. Señala que, en concreto, mintió sobre cómo fue la reincorporación al servicio en 1993 de Villarejo, y se apoya en que existen y se han hecho públicos audios de 2012 y 2014 en los que queda en evidencia la verdad. Lamenta que a pesar de que los investigadores pudieron unir a la causa estas grabaciones, como elemento de descargo, «se eliminó intencionadamente».
Considera Villarejo que los audios prueban «el conocimiento y la aceptación oficial de la compatibilidad de actividades prestadas por él y su utilización a su vez para fines de inteligencia policial», algo vital en esta causa porque se trata de demostrar si el comisario se valió de su cargo policial para lucrarse con negocios propios, algo que encajaría en el delito de cohecho.
La defensa indica que tanto la denuncia de 1995 presentada por el comisario, como el acta suscrita por Agustín Linares el 2 de enero de 2018 y los audios publicados «prueban también la amistad, confianza y lealtad que ambos se profesan, así como la gran influencia que como director de la Policía ejerció sobre los sucesivos DAOs de la Policía».
Califica la declaración de Linares de «errática» y dice que «lleva a pensar que su testimonio se aleja de la verdad, llegando incluso a contradecirse en varios puntos y ocultando información relevante que impulsaría la verdad sobre estas circunstancias y condiciones y ponerla en conocimiento del Tribunal». Además, explica que Linares declaró que su relación con Villarejo era escasa y que ignoraba que este tuviese una empresa, Cenyt, que compatibilizaba con su labor de agente de Inteligencia en el seno de la policía. «Sin embargo, su hija trabajó en Cenyt, la empresa de Villarejo, y él era conocedor de trabajos que Villarejo hizo para la policía desde su esfera semiprivada», asevera.
El juicio a Villarejo por tres piezas de la causa Tándem se reanuda este lunes 5 de septiembre. Encara su fase final después de que el comisario haya sido reconocido por el médico forense de la Audiencia Nacional tras sufrir un percance que le apartó de asistir a las sesiones de antes del parón veraniego.
