El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha planteado en su discurso institucional con motivo del Día de la Autonomía la posibilidad de que la Ciudad Autónoma pida elevar su rango institucional al de Comunidad de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria V de la Constitución si desde el ámbito judicial llega alguna «resolución inapelable» que vuelva a cuestionar el carácter autonómico y no meramente municipal de la administración local.
El líder del Ejecutivo regional ha señalado por primera vez pública y explícitamente que «si se llegara a la conclusión de que no somos lo que creemos que somos, una de las 19 autonomías que ampara el Título Octavo de nuestra Carta Magna, entonces, en ese caso, considero que, de manera consensuada, debería activarse la previsión contenida en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución al objeto de acceder al rango de Comunidad Autónoma» si así lo reclama la mayoría de la Asamblea local y lo autorizan las Cortes Generales.
A juicio de Vivas, no debería ser necesario porque «por ser Ciudad Autónoma [con el Estatuto de 1995], Ceuta participa en la Conferencia de Presidentes, en las Sectoriales, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en otros foros de similar naturaleza» como cualquier Comunidad.
Además, ha recordado que «estamos presentes en los actos institucionales de mayor relieve nacional y solemos ser consultados en asuntos de Estado que nos afectan de manera directa, en particular los relacionados con la extrapeninsularidad o el singular hecho fronterizo«, pero diferentes sentencias, incluso del Tribunal Supremo, han venido advirtiendo durante los últimos años que aunque «ni Ceuta ni Melilla son solamente municipios», tampoco pueden equipararse a las Comunidades Autónomas.
El acto institucional del Día de Ceuta, que terminó cerca de la medianoche de este sábado en el Parque Marítimo del Mediterráneo tras la entrega de las Medallas de la Autonomía 2022 entre otros a las Fuerzas de Seguridad y el colectivo docente, sirvió también a Vivas para pedir al Gobierno central que acometa ya una serie de medidas «urgentes e inaplazables» para garantizar un futuro «estable, próspero y seguro» a la ciudad.
En primer lugar, ha reivindicado que la frontera del Tarajal «tenga la regulación y dotación de recursos humanos y materiales necesarias para garantizar que opere como una más de las exteriores de la Unión Europea, sin excepciones con el acervo Schengen y con aduana comercial». También, que «las instancias competentes» reconozcan «la presión migratoria y sus efectos, en particular en lo que concierne a su vertiente más sensible, la de los menores no acompañados, que debe ser un asunto de todos y no solo un problema de los territorios fronterizos«.
Además, a la espera del Plan Estratégico del Ministerio de Política Territorial que se espera conocer este mes, ha demandado del Estado «una acción enérgica y decidida para fortalecer las áreas de Seguridad, Defensa, Justicia, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, entre otras; abaratar las comunicaciones con la península para no residentes y mercancías; actualizar el Régimen Económico y Fiscal (REF) especial; y asegurar unos niveles de calidad en los servicios y suministros básicos equiparables a las medias nacionales».
Igualmente, ha solicitado que el Gobierno central «consolide y actualice las transferencias que la Ciudad recibe para atender necesidades estructurales relacionadas con nuestros condicionantes» para «dotar de estabilidad a la hacienda autonómica y asegurar unos servicios urbanos, medioambientales, sociales, deportivos y culturales igualmente equiparables, en cuanto a su calidad, a las medias nacionales». Para terminar ha reclamado respaldo para «transitar hacia un nuevo modelo económico más sólido y estable apoyado en sectores de vanguardia y con potencial para ofrecer oportunidades de empleo y emprendimiento a nuestros jóvenes».
