Los juzgados madrileños empiezan el año judicial pendientes de informes periciales, declaraciones y recursos en sus casos más mediáticos; desde el relativo a los costes de los trabajos realizados por la consultora Neurona a Podemos hasta el vinculado al presunto espionaje con Pegasus al abogado del expresidente de Cataluña Carlos Puigdemont. El Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid está a la espera del informe pericial que encargó para determinar los costes de los servicios prestados por la consultora y que fueron recogidos en la factura de 363.000 euros -que investiga en esta causa–, firmada en el marco de la campaña de Podemos a las elecciones de abril de 2019.
Según defendió el juez, las «discordancias existentes» entre el contrato, las facturas y los servicios prestados justificaban el informe. Por ello, el pasado noviembre ordenó su redacción. En abril de este año, sin embargo, aún estaba sin hacer porque el perito designado se negó, por lo que el titular del Juzgado ordenó buscar un nuevo perito. A la espera de dicho texto, se acordó no prorrogar el plazo de la investigación –que vencía en julio–. Vox, que ejerce acusación popular, encargó y presentó un informe pericial con el que pidió al juez que rectificara su decisión y ampliara el periodo de las pesquisas.
De mantener su postura y no prorrogar la investigación, el juez deberá esperar a que se presente el informe pericial encargado a los peritos independientes. Cuando lo tenga en sus manos, resolverá si sigue adelante con el procedimiento o si archiva. En el caso que aparezcan nuevas pruebas en dicho informe, podría reactivar las pesquisas y ordenar nuevas diligencias o citaciones.
PEGASUS
En el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid también están a la espera de informe. El pasado julio se admitió una querella presentada por Gonzalo Boye –abogado, entre otros, del expresidente catalán Carles Puigdemont– por el presunto espionaje que asegura haber sufrido con el programa Pegasus. La admisión fue parcial, ya que la jueza rechazó investigar a la empresa israelí NSO, propietaria del ‘software’.
La titular del Juzgado instó a Boye que le entregase los móviles que hayan sido «objeto de ataque» para que sean remitidos a la Policía Judicial y los agentes redacten un informe pericial sobre si hubo o no «intromisiones». El procedimiento está a la espera de dichos dispositivos y del mencionado texto pericial. De momento, no se han acordado interrogatorios.
RED POLICIAL Y ESTAFA
En ese mismo Juzgado se sigue una investigación sobre una presunta red policial que ofreció a excargos del Gobierno de Venezuela supuestas influencias en la Administración a cambio de grandes sumas de dinero e información de Podemos. Está previsto que el 26 de septiembre declaren tres presuntos perjudicados, uno de ellos, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado.
Además de estas citaciones, la magistrada tiene pendiente tomar declaración a las 13 personas que figuran como imputadas por ser presuntos miembros de la red policial que se investiga por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Todos tendrán que declarar el 6 de octubre. Las 30 empresas que constan como investigadas aún no tienen fecha fijada.
Los acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con presuntas actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos» para «solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados, según los informes de la causa a los que ha tenido acceso Europa Press.
PLUS ULTRA
Por su parte, el denominado ‘caso Plus Ultra’, en el que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea, está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid responda al recurso que presentó la compañía contra la decisión de la juez de imputarle y de citar a declarar a su representante legal.
Dicha declaración estaba prevista para el pasado 15 de junio, pero la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid la suspendió para estudiar si atendía o no a la petición de la aerolínea, que defendía que su imputación se acordó fuera del plazo de instrucción y que, por ende, la decisión era nula. Finalmente, la juez confirmó la imputación. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado coincidieron con la aerolínea. Las acusaciones ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox insistieron en la necesidad de llevar a cabo el interrogatorio.
RUBIALES Y PIQUÉ
Además, está pendiente que se practiquen diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid), donde se han acumulado las querellas presentadas por Manos Limpias y por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y contra el jugador del Fútbol Club Barcelona y propietario de la compañía Kosmos Global Holding, Gerard Piqué, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
La juez acordó el pasado junio abrir diligencias previas a raíz de la querella interpuesta por Galán, quien apuntaba –entre otras cuestiones– a las supuestas comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué por disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí. En la Fiscalía Anticorrupción habían iniciado unas pesquisas en mayo, pero, según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press, el asunto queda finalmente en Majadahonda. A finales de agosto, el Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid acordó abrir diligencias tras recibir la querella de Manos Limpias y estimó pertinente enviar el caso al jzugado de Majadahonda, dado que allí ya se investigaban los mismos hechos denunciados.
RESTALIA
En el Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid están a la espera de que el juez decida si admite la ampliación de la querella en la que medio centenar de franquiciados pidió que también se investigue a Heineken en el procedimiento que se sigue por presunta estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos contra 29 sociedades vinculadas al Grupo Restalia, incluidas 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger. En la denuncia original, los franquiciados defendieron que Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían «inviable» el proyecto.
CANDIDATURAS AL 19J
Asimismo, está pendiente que el Juzgado de Primera Instancia Número 82 se pronuncie sobre la demanda que presentó un particular contra Vox para que se declarasen nulos varios artículos de la normativa interna del partido. Cabe recordar que el juez ya denegó rechazar de forma cautelar la petición del demandante de suspender los acuerdos por los que se realizaron los nombramientos de los candidatos a las elecciones de Andalucía del 19 de junio. Al margen, el Juzgado de Primera Instancia Número 50 de Madrid celebrará una vista de medidas cautelares el 12 de septiembre para estudiar la petición que hizo el mismo particular sobre la normativa interna de Izquierda Unida y sus candidatos.
MASCARILLAS
A su vez, el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid está pendiente de practicar diligencias en el procedimiento que sigue contra tres cargos del Gobierno a los que Vox acusa de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia. La Fiscalía pidió el archivo de la causa porque, a su juicio, la formación liderada por Santiago Abascal no ha concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» para llevar a cabo una investigación. El Juzgado, sin embargo, prorrogó el plazo de investigación, por lo que se prevé que ordene diligencias para esclarecer los hechos.
