La tramitación para reconocer por ley a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad está «muy avanzada» y se espera aprobar en una de las próximas sesiones del Congreso, según ha avanzado este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Esta medida tiene como fin dar seguridad jurídica al trabajo de este colectivo y para ello se modificará el artículo 80 de la Ley Orgánica 13/1995 sobre modificación de la Ley Orgánica Penitenciaria, de 1979, a raíz de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para dar respuesta a esta reivindicación de los trabajadores de prisiones.
Una demanda «más que razonable» a juicio del ministro, como ha dicho hoy en declaraciones a los medios en el centro penitenciario El Dueso de Santoña, que ha visitado junto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para firmar un convenio para la creación de una oficina judicial en el penal. Preguntado sobre la tramitación de la reforma, ha señalado que ya está «en el trámite final«.
El ministro ha asegurado que los funcionarios de prisiones son «una de las prioridades» de su cartera, y con quienes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene «un diálogo permanente» para abordar cuestiones relativas a su carrera profesional, sus medios materiales e infraestructuras o a las ofertas de empleo público.
En este sentido, ha remarcado que este año se ha puesto en marcha una de las ofertas de empleo público más importantes en este ámbito y se ha incrementado la plantilla «en más de 4.000 funcionarios» en los cuatro años de legislatura, además de que se trabaja para llegar a acuerdos en el ámbito retributivo.
