El Gobierno asegura respetar la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha dado la razón a los políticos independentistas a los que se retiró el acta al ser procesados por el Tribunal Supremo, y en todo caso se abre a «mejorar» la legislación para equipararla «a los estándares de las más avanzadas». El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas tras ser procesados por rebelión, una medida que impone la legislación española antes de que haya condena.
En declaraciones en el Congreso, la ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez, ha asegurado que el Gobierno «respeta escrupulosamente todas las decisiones del comité de derechos humanos de la ONU», pero también entiende que las resoluciones judiciales en España «se emiten ajustadas a derecho y ajustadas a ley». En todo caso, ha mostrado la disposición del Gobierno a «atender a esa resolución» y a «mejorar la legislación y que sea equiparable a los estándares de todas las legislaciones más avanzadas en este sentido».
Desde las filas independentistas ya reclamaron la reforma del delito de sedición por el que fueron finalmente condenados los políticos independentistas, pero el presidente Pedro Sánchez dijo que no tiene mayoría suficiente para acometer esa modificación del Código Penal, un extremo que niegan sus socios de Podemos. La ministra de Transportes, que estaba acompañada del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, sí ha aprovechado para recalcar que el Gobierno de coalición «apuesta por el diálogo» en Cataluña y que ya «desterró la actitud de la confrontación que defendió el PP».
