Podemos considera «una vergüenza» que la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, haya cumplido más tiempo en vigor con el PSOE en el Ejecutivo que con Mariano Rajoy, pese a que su derogación fue una promesa electoral y un compromiso de investidura. Por ello, los ‘morados’ emplazan a los socialistas a aprobar antes de fin de año la iniciativa legislativa que el Congreso lleva meses discutiendo.
En declaraciones a Europa Press, el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna recuerda que la llamada ‘ley mordaza’ se aprobó en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior con el fin de «reprimir protestas» contra la gestión de la crisis económica que llevaba a cabo el Gobierno del PP.
Pero, con el tiempo, la ley ha cumplido más años en vigor con el PSOE en el Gobierno que con el PP, y el ministro que más la ha aplicado es el actual titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. «Nos parece una vergüenza –afirma–. Tenemos que ser capaces de derogar esa ley de una vez por todas«.
Sánchez Serna incide en que la ‘ley mordaza’ fue muy criticada en su día por el PSOE en la oposición y que su derogación es un compromiso del Gobierno de coalición. «Vamos a trabajar en este principio de curso para convencer al socio de que es el momento de cumplirlo –sostiene–. Se debe hacer lo antes posible, en este cuatrimestre, y no se puede dejar para final de legislatura».
Según ha explicado, hay dos escollos que han atascado la negociación con los socialistas. Uno es la resistencia del PSOE a la pretensión de Podemos de quitar la infracción leve por faltar a la autoridad policial, un tipo legal que los morados consideran «muy confuso» porque consideran que permite multar «por mirar mal a un policía«.
Los socialistas también tienen dudas con la supresión de las sanciones que se aplican a los convocantes de una manifestación en caso de incidentes violentos. «Esto es un disparate», clama Sánchez Serna, porque uno puede convocar una manifestación pacífica y no controla «elementos violentos que se puedan meter en la misma».
El dirigente de Podemos espera que Interior no sea «un obstáculo» para modificar la redacción porque «esta ley es de todo el gobierno» y no del Ministerio. «Nuestros electores no entenderían que el PSOE se opusiera a la derogación», ha remachado.
No son los únicos obstáculos que se han encontrado en la ponencia del Congreso que desde el pasado año viene discutiendo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en reuniones a puerta cerrada, después de aceptar tramitar una proposición de ley del PNV contra la norma aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
Fuentes de la negociación consultadas explicaron que en mayo se había intensificado el intercambio de documentos en el grupo de trabajo formado por PSOE, Unidas Podemos, ERC –quien amagó con el bloqueo en medio de las críticas por el espionaje en el caso Pegasus– PNV, Junts y Bildu. La ponencia como tal no se reúne desde febrero.
Pese a las reticencias planteadas principalmente por ERC, por entonces se consiguió avanzar en media docena de artículos de la norma, que se sumaba a los 29 –sobre 54 de la ley orgánica– ya pactados para su reforma y que sí han pasado a las dos reuniones de la ponencia a puerta cerrada.
En la negociación sigue pendiente cuestiones como regular las pelotas de goma dentro del material antidisturbios –-en Cataluña los Mossos disponen de un material conocido como foam, considerado a priori menos lesivo— o la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción, reclamándose en adelante que el relato de hechos resulte «coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario».
Otras cuestiones como eliminar por completo las devoluciones en caliente de migrantes se pactó que quedara regulado en la Ley de Extranjería, sacándolo de la ‘ley mordaza’. También hay acuerdo mayoritario en modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para «reducir al mínimo» los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.
La intención de los partidos que gobiernan en coalición es «aumentar las garantías» en las actuaciones policiales, como ocurre con la enmienda al artículo 22 sobre las grabaciones con videocámara en la vía pública. En adelante se pretende que estas grabaciones –por ejemplo en una manifestación que derive en altercados– se reflejen en atestados, quedando todo el material a disposición judicial si así se requiere.
Los sindicatos policiales se manifestaron en Madrid para expresar sus dudas –aunque algunos han matizado en las últimas semanas su rechazo frontal a la vista del cauce de las negociaciones– sobre la fórmula elegida para las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligación de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.
El 19 de enero la ponencia cerró un acuerdo para regular los controles en vía pública para vincularlos a supuestos de alteración grave y efectiva de la seguridad ciudadana o en casos de prevención de delitos graves, limitando el tiempo de duración al mínimo imprescindible.
