Vox ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto delito de imposición de acuerdos lesivos en el cese, llevado a cabo el pasado 23 de junio en una Junta General Ordinaria, de cuatro consejeros independientes de la compañía tecnológica Indra. Lo hace, asegura, ante la «inactividad» de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a quien pidió a primeros de julio que lo investigara.
En un comunicado difundido este lunes, la formación política señala que podrían estar implicados los asistentes a la Junta General de Accionistas «en nombre y representación de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI), Sapa Plasencia S.L. y Amber Capital Investment Management (AMBER)».
Hasta la sede la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se han desplazado para interponer esta denuncia la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, y el diputado y vicepresidente del Área Económica, Víctor González.
Vox ya llamó a la puerta de la CNMV al considerar que hay «indicios suficientes» para creer que Amber, Sapa y la SEPI tienen un «plan preestablecido» para «controlar» la compañía tecnológica. «Entendemos que van más allá del mero incumplimiento, podríamos estar ante un ilícito penal», aseguran ahora.
Castro ha lamentado «la falta de actuaciones por parte de Indra para solucionar el gravísimo problema, no sólo interno». «El aspecto más relevante es que es una empresa estratégica de la que no resultan perjudicados los accionistas minoritarios, sino todo el interés general», ha agregado.
DECLARACIÓN DE LOS CESADOS
El partido que preside Santiago Abascal ha solicitado como diligencias al Ministerio Público el acta del Consejo de Administración por el que se acuerda la convocatoria de la Junta de Accionistas, la convocatoria y el acta de la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 23 de junio de 2022 y «los acuerdos parasociales que existan, en su caso».
También se ha requerido desde Vox que se proceda a la identificación de los asistentes a la Junta General de Accionistas en nombre y representación de la SEPI, Sapa Placencia S.L. y Amber, y la declaración de los denunciados, una vez sean identificados.
Entre las diligencias, el partido ha pedido que se oficie a la CNMV para que facilite el expediente de la investigación abierta por los hechos acaecidos y, en especial, las cartas remitidas por los consejeros cesados, de los que pide que presten declaración.
En el escrito enviado por Vox a la CNMV, Castro apuntaba que los cuatro consejeros cesados durante la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía tecnológica fueron, «precisamente, los mismos que impidieron que su presidente, Marc Murtra, fuera nombrado presidente ejecutivo». «De hecho, los propios cesados han denunciado un plan doloso entre Amber, Sapa y SEPI para hacerse con el control de Indra», añadió.
Marta Castro explicó que la SEPI, empresa de titularidad pública que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la principal accionista de Indra. Tras el análisis de diversa documentación, hacía hincapié en la posibilidad de que Murtra «hubiera facilitado información a Amber, con el único objetivo de animar a su inversión, a comprar el paquete necesario para alcanzar las mayorías requeridas cara a la Junta General Ordinaria.
