Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha insistido este lunes en su defensa de la actuación policial que se llevó a cabo el pasado 24 de junio en la valla de Melilla. No obstante, ha evitado detallar ningún dato acerca de la cifra de muertos entre migrantes y policías, ni tampoco compartir su opinión sobre la difusión de la imágenes grabadas durante el incidente.
«Se ha actuado en todo momento atendiendo a los parámetros legales, nacionales e internacionales, en materia de protección de derechos y libertades fundamentales, con la proporcionalidad y adecuación a la situación concreta y en esos términos», ha señalado Grande-Marlaska. La actuación, cuestionada en el Congreso, ha motivado la apertura de investigaciones de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo.
Como en anteriores ocasiones, el ministro del Interior ha lamentado de forma genérica las muertes de al menos 23 migrantes, según reconocen las autoridades marroquíes, aunque evitando dar detalles sobre asuntos que demandan los grupos parlamentarios relacionados, por ejemplo, con el rechazo en frontera desde el lado español de gendarmes del país vecino actuando junto a la Guardia Civil.
«No saquemos conclusiones demasiado anticipadas o prematuras respecto a lo acontecido», ha respondido a preguntas de la prensa tras inaugurar un curso de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial sobre formación en la Policía.
Acto seguido, Grande-Marlaska ha reiterado que lamenta las muertes y ha mostrado su solidaridad con las familias de migrantes, además de manifestar su apoyo a los 60 guardias civiles heridos, «algunos de ellos de cierta entidad y todavía en fase de recuperación», o los más de 140 gendarmes marroquíes que resultaron igualmente heridos.
El ministro ha evitado responder sobre gendarmes del país vecino fallecidos, como sí hizo la semana pasada en una entrevista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«No podemos obviar, y eso nadie lo ha puesto en duda, que fue un ataque violento a las fronteras españolas, que son las fronteras europeas. Un Estado democrático no se puede permitir ataques violentos a sus fronteras ni tampoco la agresión o vulneración de la integridad física de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad», ha concluido.
