Los primeros fondos europeos comienzan a aplicarse en materia de rehabilitación de viviendas, dentro del denominado Plan de Recuperación trazado desde el Gobierno de España para todas las comunidades autónomas. La nueva normativa que presenta una serie de ayudas a la accesibilidad de vivienda ya está en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre otras medidas, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se busca impulsar la rehabilitación de edificios residenciales, introduciendo una serie de deducciones en el IRPF como bonificación a obras destinadas a obtener unas viviendas más eficientes y accesibles.
Aunque hay una batería de medidas interesantes, esa última medida pone el foco de atención dentro del uso de los fondos europeos. Desde el Ejecutivo se incluyen tres deducciones fiscales y se destinan más de 450 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo de esta partida presupuestaria es convertir edificios antiguos en unos edificios nuevos (rehabilitación), adecuados a una mejor accesibilidad y energéticamente sostenibles, calificación que sí se incluye en las viviendas de obra nueva, pero que, obviamente, no se tenía en consideración en construcciones antiguas.
Las ayudas en materia de rehabilitación se cifran entorno al 60% del coste de la obra, con unas cuantías por vivienda desde los 4.000 euros y hasta los 18.000 euros en función de si se ayuda a alguna persona con determinados grados de discapacidad. En todos estos casos, estas obras de mejora deben enfocarse a las viviendas de uso residencial primario, y esas ayudas obtenidas están exentas de tributación. En el caso de las subvenciones energéticas, esta normativa establece rangos desde un 20% para aquellos proyectos que contribuyan a reducir un 7% el uso de la calefacción y aire acondicionado; desde un 40% para aquellos edificios que busquen rebajar un 30% el consumo de energía no renovable; y hasta un 60% para aquellos ciudadanos o comunidades de vecinos que rehabiliten el edificio en consecución de la calificación A o B en términos energéticos.
De esta manera, muchos ciudadanos que viven en edificios con una construcción antigua pueden abordar la instalación de ascensores, rampas móviles o salva escaleras, así como rehabilitar arquitectónicamente el mismo edificio.
Proteger el patrimonio arquitectónico
La nueva normativa, que se encuentra activa desde el pasado 16 de junio de 2022, incluye una línea de avales ICO (Instituto de Crédito Oficial) de hasta 1.000 millones de euros, cantidad con la que financiar obras comunitarias que estén enfocadas a la mejora energética de los edificios.
Entre todas las medidas aprobadas, también destaca la Ley de Calidad de la Arquitectura, cuyo texto normativo busca proteger, fomentar e impulsar la calidad arquitectónica de determinados edificios, calificándoles como bien de interés cultural. Entre otros objetivos también se busca acerca la arquitectura a la sociedad, poniendo de relieve su importancia y sus valores dentro de nuestra actual sociedad.
Con este motivo se ha creado la Casa de la Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura. Asimismo, ambos organismos que deberán aún constituirse en el plazo de los próximos seis meses, trabajarán de forma conjunta con otros organismos europeos con el fin último de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de los países europeos.
