El reparto de los fondos estatales entre las distintas comunidades autónomas es un asunto muy espinoso. Todas se quejan y reclaman mayores partidas para su territorio criticando lo que consideran que es un reparto injusto. El Gobierno se ha propuesto reformar este modelo, aunque se trata de un proceso complejo.
La duración dependerá, «no solo de las acciones que lleve a cabo el Ejecutivo», sino también de los acuerdos entre comunidades autónomas y entre los grupos políticos.
A través de una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados al PP, el Gobierno recuerda que para esta reforma de la financiación autonómica será necesaria la modificación de la ley orgánica, requiriendo así la aprobación de la mayoría absoluta de las Cortes.
Por ello, apela a los consensos que se alcancen en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, y los acuerdos posteriores entre los distintos grupos políticos en las Cortes Generales.
Precisamente, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera sería el siguiente paso en este proceso de reforma del modelo de financiación autonómica, puesto que el Ministerio de Hacienda ya remitió en diciembre del año pasado a las comunidades su propuesta de cambio de modelo en base al criterio de población ajustada, como pedían Andalucía, Murcia y Valencia.
Posteriormente, las comunidades autónomas trasladaron al departamento que dirige María Jesús Montero sus alegaciones a este modelo que propuso Hacienda, por lo que ahora se tendría que debatir en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar alcanzar un acuerdo entre las administraciones territoriales y el Gobierno.
EL GOBIERNO «SIGUE TRABAJANDO»
En este contexto, el Gobierno asegura en esta respuesta parlamentaria que sigue trabajando en reformar este modelo, «a pesar de la complejidad a la hora de materializar un nuevo sistema de financiación autonómica».
En este escrito parlamentario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un repaso de las actuaciones para reformar el modelo y defiende que, bajo su punto de vista, la población ajustada es la variable «más representativa de las necesidades de gasto».
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda apuntan a que «es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto», ya que, según destacan, actualmente se dispone de más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente en el año 2009.
En cualquier caso, el Gobierno pide «superar la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras» y se marca como objetivo abrir un debate «leal y riguroso» que «apueste por un modelo racional en el que los intereses de todas las comunidades confluyan».
