La parte morada del Gobierno con Yolanda Díaz e Ione Belarra a la cabeza ha propuesto ampliar las medidas del decreto anticrisis con un abono transporte de 10 euros para fomentar que la población se mueva en medios públicos. Por otra parte, también han hablado sobre crear un impuesto extraordinario a las eléctricas, con el que obtendrían los fondos necesarios para implementar esa iniciativa.
«Estamos negociando en el seno del Gobierno la ampliación y fortalecimiento de ese escudo social y espero contar con un feedback positivo en los próximos días a algunas propuestas como el abono transporte general a 10 euros que, desde mi punto de vista, sería muy positivo que pudiésemos financiar a costa de ese impuesto extraordinario a las empresas energéticas que el año pasado cuadruplicaron sus beneficios«, ha subrayado Belarra.
Así lo ha indicado este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales, para explicar las medidas adoptadas y previstas por su departamento en el marco de la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19.
Según Belarra, este abono de transportes a 10 euros permitiría «mejorar la situación de las personas que están llegando con muchas dificultades a fin de mes; mejorar la situación de las personas que no pueden permitirse el precio actual de los carburantes y, en plena ola de calor en junio, luchar de manera más eficaz contra la crisis climática».
Unidas Podemos ha redoblado la presión en los últimos días para incluir un impuesto extraordinario a las eléctricas dentro de la prórroga del decreto anticrisis, una medida que ya planteó cuando se negoció el decreto a finales de marzo.
Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «no es posible» crear un impuesto para las eléctricas a través de los Presupuestos Generales del Estado porque no lo permite la Constitución, por lo que ha defendido la necesidad de «legislar con carácter inmediato» para poner en marcha esta medida. Ayer demandó «actuar ya» y no esperar.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales ya remitió dentro del Ejecutivo sus propuestas para ampliar las medidas de protección social, que contempla la creación de un fondo de 560 millones para financiar ese abono mensual al transporte público de 10 euros. En su equipo consideran necesario incluir más acciones ante el actual contexto inflacionista.
A su vez, aboga por extender la cobertura del bono social eléctrico ampliando el umbral de renta a 40.000 euros para llegar a dos millones de beneficiarios, la prohibición estructural de cortes de suministros energéticos y elevar de inmediato las pensiones no contributivas un 15%, para que esta revalorización de dichas prestaciones llegue a sus beneficiarios el próximo mes de julio.
Por otro lado, en el espacio confederal ven ineludible abordar este año una reforma fiscal en profundidad que introduzca mayor progresividad al sistema, centrado en elevar la tributación de grandes empresas y rentas para financiar el coste de las actuaciones sociales.
Prueba de ello ha sido el impulso de varias iniciativas parlamentarias en el Congreso en esta materia, como la reciente proposición de ley para articular un impuesto a grandes fortunas que no fue respaldado por el PSOE.
PGE DE 2023: EL RESPALDO DEFINITIVO A LAS FAMILIAS
Durante su intervención este jueves ante la Comisión de Derechos Sociales en el Senado, Belarra ha hecho un repaso por todos los departamentos de su ministerio y ha dicho que, si los Presupuestos Generales del Estado de estos dos últimos años han sido los del escudo social, los de frenar la pandemia y los de la recuperación, los PGE de 2023 tienen que ser los del «respaldo definitivo a las familias».
En concreto, en materia de Dependencia, la ministra ha destacado que el sistema de Atención a la Dependencia está atendiendo en 2022 a 177.186 personas más que en el año 2021, «una cifra muy positiva» que demuestra, a su juicio, que «a pesar del considerable aumento de solicitantes –70.000 personas en el último año y medio–«, van «avanzado con paso firme». En todo caso, ha precisado que «mientras haya una sola persona en una lista de espera» no va a estar satisfecha.
La ministra también ha defendido la apuesta de su Ministerio por realizar «una transformación profunda del sistema de cuidados» y el Acuerdo para cambiar el modelo de residencias que están negociando con las comunidades autónomas y avanzar hacia uno «mucho más humano» y «de proximidad».
«Estoy convencida de que da igual lo que haya votado el ciudadano o la comunidad autónoma en la que viva, estará de acuerdo en que el modelo al que hemos tendido las últimas décadas de residencias masificadas no es óptimo para una atención de calidad para los mayores«, ha precisado, añadiendo que las medidas propuestas en este acuerdo –que se parezcan a un hogar, que haya un trabajador por cada dos residentes o que se eliminen las sujeciones– son «cuestiones de sentido común».
En materia de infancia, Belarra ha asegurado que se va a esforzar por seguir desplegando la ley de infancia y ha destacado que en el próximo curso escolar ya estará «plenamente operativa» las figura del coordinador de bienestar en los colegios, para proteger a los menores frente a la violencia.
También ha apuntado que están trabajando en un protocolo de detección de situaciones de violencia en centros residenciales que prevén que esté listo en otoño.
Por otro lado, ha repasado los trabajos de su Ministerio para acabar con la pobreza infantil, con 983 millones de euros comprometidos; para proteger a los menores extranjeros que llegan solos a España y a aquellos niños y niñas que huyen de la guerra en Ucrania; para luchar contra el antigitanismo, y para apoyar a la juventud o a las personas mayores.
Igualmente, se ha referido a la ley de diversidad familiar que quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre y ha destacado algunas medidas que incluirá como la renta por crianza universal de 100 euros al mes; un permiso de 7 días al año para cuidar de hijos o familiares enfermos o extender a 6 meses el permiso de paternidad y maternidad.
También ha puesto en valor los trabajos de su departamento por la «accesibilidad» para las personas con discapacidad, por cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 o por los derechos de los animales.
