La ministra de Justicia, Pilar Llop dijo que la abolición de la prostitución y la persecución del tráfico de mujeres era una «prioridad» para el gobierno para acabar con todas las formas de proxenetismo. En una entrevista con «El Periódico», la defensa de la prostitución para Llop significa «perpetuar la masculinidad» porque creía que colocaba a los diferentes géneros en una situación de desequilibrio.
Ha apostado por abolir –y no regular– la prostitución y centrarse en la «recuperación y resocialización de la víctima y ofrecerle alternativas de vida, trabajo y de formación, además de ayudas» para que no vuelva a la prostitución.
También ha rechazado el modelo prohibicionista, mediante el que se castiga al cliente y se sanciona a la mujer prostituta: «¿Queremos un modelo en el que jóvenes menores de edad reúnen sus pagas para que el fin de semana uno de ellos consuma prostitución?, ha reflexionado.
LEY DE TRATA
Preguntada por una futura ley sobre la trata de personas, ha asegurado que ha encargado una ponencia multidisciplinar para elaborar «un texto integral» que aborde los aspectos penales y los aspectos procesales, en materia de extranjería, social y de reinserción.
Su objetivo es «proteger a las víctimas y generar todos los elementos necesarios para también perseguir los delitos», lo que incluye también la atención a las mujeres extranjeras que son sometidas a explotación fuera de sus países de origen.
RENOVACIÓN DEL CGPJ
Preguntada por si se renovará el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) antes de las elecciones generales, ha respondido: «Se lo aseguro porque lo ha dicho el presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Vamos a agotar la legislatura».
La norma dice que cada cinco años hay que renovar el Consejo y lo han pedido todos los presidentes de tribunales superiores de Justicia, lo reclaman las asociaciones judiciales y el propio presidente Lesmes, que lleva cuatro años prorrogado, y también el comisario europeo», ha recordado.
PEGASUS Y 25%
Sobre el espionaje con el software Pegasus, ha dicho que «hay que aumentar la ciberseguridad de las infraestructuras críticas y abordar una reforma en materia de seguridad nacional que incremente las garantías que respeten los derechos fundamentales».
Y ha abogado por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano: «Lo que no se puede utilizar de ningún modo son las lenguas para el enfrentamiento porque son una riqueza cultural».
