Los afectados por el espionaje de Pegasus de Òmnium Cultural y la CUP han presentado una querella cada uno por el ‘Catalan Gate’ en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que ya investiga el espionaje con Pegasus a los móviles del conseller Roger Torrent y del concejal de ERC Ernest Maragall.
Ambas querellas piden ampliar la investigación que ya está en marcha y añadir a los afectados de Òmnium —Marcel Mauri, Elena Jiménez y Meritxell Botet— y la CUP —David Fernàndez, Carles Riera y Albert Botran–, todos representados por el abogado Benet Salellas.
Las dos se dirigen contra NSO Group, la empresa israeliana propietaria del software Pegasus, como persona jurídica y «cualquier otra persona» que pudiera verse involucrada a raíz de la investigación.
En concreto, hacen referencia a las agencias estatales españolas y piden investigar si CNI, Policía Nacional, Guardia Civil o agencias de ciberseguridad estuvieron involucrados.
Las dos formaciones piden ser acusación del caso y atribuyen a NSO un presunto incumplimiento de sus estándares de control ante de comercializar Pegasus, o bien falta de control posterior del uso de la licencia.
Las querellas, de redactado idéntico, exponen el funcionamiento de Pegasus, que «permitiría un control remoto del terminal móvil de la víctima y facilitar la interceptación de comunicaciones, el acceso a los datos y una monitorización absoluta».
Señalan que el uso de Pegasus «en contextos de espionaje a opositores políticos, activistas, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos ha sido denunciado por multitud de organizaciones no gubernamentales y por prestigiosas cabeceras de prensa«, y hace referencia al informe de CitizenLab que publicó ‘The New Yorker’.
En base al informe, recuerdan que 65 personas tuvieron los móviles infectados en varios periodos de los últimos años, que coinciden con momentos en que hacían funciones «vinculadas a la defensa de acciones de denuncia de la represión contra el movimiento para la autodeterminación después del referéndum del 1-O y de preparación de estrategias jurídicas».
La querella de Òmnium añade que «es evidente que las infecciones a Mauri, Jiménez y Bonet tenían también como objetivo asaltar el ámbito de intimidad y de las comunicaciones de Jordi Cuixart» mientras no tenía móvil porque estaba en prisión por el 1-O.
«EVIDENCIAS» DE QUE FUE EL GOBIERNO
También exponen que hay «grandes evidencias» de que los ataques procedían de una institución del Gobierno, y creen que los objetivos eran de un interés evidente, en sus palabras, para el Ejecutivo.
Remarcan que cuando el momento y las personas que sufrieron los ataques coinciden con «actividades de interés específico» para el Gobierno, y que los mensajes con los que se entró Pegasus en los móviles contenían datos personales que solo puede conocer la administración.
Además, recuerdan que el CNI es cliente de NSO y señalan que «el gran lapso de tiempo en que se han producido los ataques, así como la relevancia de las personas atacas, llevan a descartar que se trate de una operación clandestina de un tercer país o una tercera persona», porque les habría descubierto el CNI u otra agencia de ciberseguridad.
«ASUNCIÓN DE LOS HECHOS»
Los escritos afirman que el Gobierno hizo una «asunción de los hechos» cuando anunció la apertura de un control interno del CNI y constituyó la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Òmnium y la CUP consideran que de estas medidas «se puede inferir la asunción de la autoría por parte del Gobierno español, por parte del CNI o de otras agencias gubernamentales colaboradoras en el ámbito de la inteligencia y la información» que dependen de los ministerios de Defensa e Interior.
