La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, viaja este martes a Bruselas para mantener una reunión con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la propuesta presentada por España y Portugal para limitar a 30 euros por megavatio hora (MWh) el precio máximo del gas natural para la generación de electricidad -los ciclos combinados y las de cogeneración-, con el objetivo de abaratar así la factura de la luz.
Ribera acudirá a esta cita con Vestager junto con el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, según consta en la agenda de la Comisión Europea.
Fuentes del Ministerio indicaron que, «después de intensas semanas de trabajo de los equipos técnicos, ambos ministros viajan a Bruselas para seguir trabajando en la definición del mecanismo ibérico».
A finales de marzo, España y Portugal remitieron a Bruselas una propuesta preliminar para limitar ese precio del gas, el gran factor detrás de la escalada imparable en el precio de la luz en los últimos meses, y que se ha visto todavía más agudizada tras el inicio de la guerra en Ucrania.
España y Portugal habían arrancado de Bruselas una ‘excepción ibérica’ para poder manejar la especial situación en la que se encuentran los precios energéticos debido a la situación de isla energética de la Península Ibérica, ante las escasas interconexiones.
Ese tope a los 30 euros/MWh en el precio del gas para la generación de electricidad permitiría rebajar el precio medio del mercado mayorista de electricidad -el denominado ‘pool’ y que impacta en los contratos regulados (PVPC)- a la mitad de lo que actualmente se está registrando.
No obstante, la propuesta, desde que fue remitida, sigue sin recibir un visto bueno de Bruselas, que ha encontrado reticencias técnicas ante la posibilidad de que pueda generar distorsiones en el mercado comunitario.
Además, el mecanismo también cuenta con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico. De hecho, los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal han advertido de los «importantes y relevantes impactos» que esta excepción ibérica’ puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.
En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país (CNMV y CMVM) y al comité Técnico del MIBEL (CNMC/ERSE/CNMV/CMVM), OMI -en la que participan los principales grupos energéticos del país (como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o EDP) y financieros (Santander o BBVA)- OMPI, BMEClearing y MEFF alertan de que «la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios».
TRABAJANDO PARA QUE PUDIERA ESTAR APROBADA A PRINCIPIOS DE MAYO
La pasada semana, Ribera ya señaló en un acto en Cáceres que se estaba trabajando para que «a principios de mayo» pudiera estar «aprobada y aplicada ya» la ‘excepción ibérica’.
«Nuestra intención, nuestra expectativa, nuestra convicción es que, porque además así lo entiende también la Comisión Europea, a principios de mayo podamos tener esto aprobado y aplicado ya en nuestro país y en Portugal», aseguró la vicepresidenta, quien añadió que se estaba «trabajando» con Bruselas, ya que «hay algunos aspectos técnicos que todavía no están resueltos» y, además, matizó que el hecho de que «haya coincidido» con los festivos de Semana Santa ha provocado «no poder apurar los días» tal y como hubieran «deseado».
