El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición de Ley para acabar con la violencia en el ámbito sanitario, con el objetivo de «contar con un marco regulatorio especifico que proteja a los profesionales sanitarios y ofrezca y refuerce su seguridad, tanto en el sector público como en el privado».
En el año 2012, el pleno del Senado aprobó una moción por la que se instó al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la protección de los profesionales sanitarios.
Por su parte, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional en junio de 2014 un acuerdo para reconocer la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones al personal que, como empleado público, preste sus servicios en instituciones sanitarias adscritas o dependientes de los servicios de salud.
La reforma operada en el Código Penal, que modificó el tipo penal del delito de atentado respecto a los sujetos pasivos del delito, equiparó a los funcionarios públicos como autoridad pública, con la consecuencia de que, tras la entrada en vigor de la reforma, los agresores se enfrentan a penas de cárcel más duras y a mayores indemnizaciones.
En este mismo sentido, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado un conjunto de recomendaciones en aras a solucionar el problema de la violencia en el lugar de trabajo, inspiradas en las conclusiones alcanzadas por los grupos de trabajo de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud.
«Pero a pesar de estas y otras muchas iniciativas, el problema de la violencia contra el personal sanitario en los centros de trabajo no desaparece», justifica el PP en su iniciativa.
Entre otras medidas, la Proposición establece que cada Servicio de Salud o empresa contaría con un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario, que incluiría una evaluación integral del riesgo de daños por violencia en función de factores relevantes en cada centro, tales como la sistencia a pacientes con historial de adicciones, la asistencia sanitaria domiciliaria, la pobreza ambiental, el acceso a puertas de salida o el tiempo de espera de pacientes.
El PP también busca la creación de un delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario en cada centro sanitario, un puesto que recaerá en miembros del correspondiente órgano de representación unitaria de los trabajadores.
Igualmente, el Ministerio de Sanidad crearía un Registro Nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario, en el que «habrán de inscribirse y registrarse todos los actos de violencia que hayan sido notificados por el personal sanitario, así como la identificación de la victima y del agresor».
Los centros sanitarios tendrían que poner a disposición del personal sanitario que haya sido victima de un acto de violencia en el ámbito sanitario, un servicio especifico encargado de prestar el apoyo psicológico que en cada caso se precise.
También habrá a su disposición un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal las denuncias que pudiera presentar con ocasión de un acto de violencia en el ámbito sanitario.
Además, el Servicio de Salud se personaría como acusación particular en las causas penales abiertas con asión de actos de violencia sanitaria sufridos durante el tiempo de trabajo.
Asimismo, en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Sanidad realizaría una campaña de sensibilización dirigida a la población general, a fin de aumentar la sensibilización y el respeto al papel del personal sanitario.
Estas campañas de sensibilización social se repetirían cada dos años, «salvo que los actos probados de violencia en el ámbito sanitario aconsejen la realización de campañas a más corto plazo».
Por último, se encomienda al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Sanidad la creación de un Observatorio Nacional contra la violencia en el ámbito sanitario, con el objetivo de «apoyar y mejorar las acciones y medidas para evitar, reducir y minimizar la violencia en el ámbito sanitario y sus consecuencias».
A tal fin, el Ministerio de Trabajo a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, analizarán y estudiarán aquellos aspectos que entiendan imprescindibles para abordar con éxito la prevención de la violencia en el sistema sanitario.
El Observatorio Nacional contra la Violencia en el ámbito sanitario elaboraría y publicaría con periodicidad un informe con los resultados obtenidos y formulará cuantas propuestas entienda oportunas contra los actos de violencia en el ámbito sanitario.
