La industria española del plástico agrupada en la plataforma EsPlásticos ha manifestado su discrepancia con algunas de las medidas que incorpora la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular porque no solo va en contra de los objetivos de la norma sino que afectan gravemente al sector industrial de los plásticos y su cadena de valor.
Aunque expresa en un posicionamiento su coincidencia con los objetivos globales de la nueva ley respecto a lograr una economía baja en carbono, fomentar la prevención y mejorar la gestión de todos los residuos, cree que el nuevo marco pondrá en riesgo al sector.
De este modo, EsPlásticos reconoce que la industria manufacturera sufre una crisis está sufriendo una crisis a nivel internacional y nacional, pero insiste en que el sector de los plásticos en España es un sector clave para la economía circular y, de hecho, apunta que es uno de los tres sectores estratégicos incluidos en el PERTE de Economía Circular recientemente aprobado en Consejo de ministros.
La industria expone que durante todos estos meses ha apostado porque el texto legislativo adoptara un marco justo que golpee al sector «aún más» y celebra que se haya conseguido «amortiguar el impacto» del impuesto a los envases plásticos no reutilizables gracias a la introducción de un mecanismo equivalente a la repercusión jurídica en la primera operación de compraventa del envase, lo que ayudará a conseguir la transparencia necesaria para evitar la especulación comercial con este impuesto.
En ese sentido, admite que con esa medida se ha logrado «dar algo de oxígeno» a un sector del que forman parte más de 3.000 empresas, de las que el 98 por ciento son pymes y micropymes repartidas por toda España y que emplean a más de 93.000 personas y alcanza más de 250.000 incluyendo empleo indirecto e inducidos.
A ese respecto, destaca que tal y como estaba planteado inicialmente el tributo el 95 por ciento de las empresas del sector se podría haber visto abocado a la quiebra. Otro aspecto positivo que ven al nuevo texto legislativo es que ha aprobado una moratoria de un año, hasta enero de 2023 para garantizar una transición justa para el tejido industrial.
En todo caso, avisa de que el impacto del impuesto será «alto» ya que España es uno de los pocos países europeos que implantará este «impuesto discriminatorio» respecto a otros materiales. El tributo para EsPlásticos es «desproporcionado y sobre todo no es útil para mejorar los objetivos ambientales de la ley ya que repercutirá no solo en un sector clave en la industria española, sino que de forma directa incidirá en toda la industria, que usa envases de plástico».
Al mismo tiempo, advierte de que los ciudadanos podrán observar una subida en el precio de muchos productos de primera necesidad cuyo envase contiene plástico, lo que unido a la subida del punto verde supondrá un incremento del 2% en la cesta de la compra, «repercutirá de forma especial en la de las rentas más bajas» y ayudará a incrementar aún más el dato de la inflación del 9,8 por ciento.
En otro orden de cosas, la industria lamenta que finalmente este impuesto no será finalista, lo que implica que los ingresos recaudados no se destinarán de manera preferente a fomentar la circularidad de los envases con medidas encaminadas a mejoras tecnológicas y campañas educativas para incidir en la correcta separación de residuos.
Por otro lado, celebra que la ley recoja la importancia de la educación ambiental y sensibilización para fomentar la prevención y el reciclaje de los residuos y reducir su abandono en el medio ambiente y reitera su apuesta por crear una «verdadera cultura del reciclaje y la reutilización» así como trabajar para involucrar a todos los agentes para dar soluciones cada vez más sostenibles y crear cada vez más conciencia ciudadana para la correcta gestión de los residuos y evitar así el abandono de estos en la naturaleza.
Igualmente, opina que se ha perdido una oportunidad para diseñar soluciones teniendo más en cuenta la voz de un sector tan castigado y que ha faltado un criterio científico a la hora establecer algunas de las medidas sin haber llevado a cabo análisis de ciclos de vida completos para evaluar la idoneidad y sostenibilidad de las diferentes opciones.
A su juicio, los objetivos de reducción que marca la ley en el 50% en peso en 2026 respecto a 2022 y el 70% para 2030 son «desproporcinados» y no han calado, a pesar de que la reducción del 70 por ciento supondría prácticamente la desaparición de los productos afectados.
Finalmente, advierte de que estos objetivos no fomentarán la reutilización porque se traducirán en la «sustitución arbitraria» por otros envases de un solo uso, muchos de ellos hechos de multimateriales y más difíciles de reciclar, que darán lugar a residuos mucho más pesados, generando por tanto una huella de carbono mayor».
