Isabela Atanasiu, en representación de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, ha reconocido este viernes que la distribución de migrantes es «injusta» entre los estados miembros por lo que defiende que, en el caso de los menores no acompañados, haya una «solidaridad obligatoria» flexible y adaptada a las circunstancias.
En una mesa redonda organizada en el Parlamento de Canarias con motivo de la jornada ‘El marco del pacto europeo sobre migraciones y asilo y la situación de los niños migrantes no acompañados en territorios RUP’, ha reconocido que preocupan los «problemas prácticos de acogida», especialmente en el caso de las Regiones Ultraperiféricas, a las que hay que «apoyar».
Además, ha indicado que hay un «fallo» en la estructura del Pacto de Migración y Asilo porque el papel de las autoridades locales tiene un margen «muy limitado» para influir en la toma de decisiones pues el «interlocutor» con la Comisión es el Gobierno central.
Ha apuntado también que hay una baja tasa de retorno de migrantes y un «limbo jurídico prolongado» para quienes «no pueden ser devueltos», poniendo a modo de ejemplo lo que ha pasado tras la entrada masiva de personas a través de Ceuta.
Asimismo, ha apuntado que hay que delimitar bien «quien tiene que ser responsable» de rescates en el mar y ha destacado que los menores y familias con niños están exentos de los controles fronterizos lo que permite los traslados entre Canarias y la Península.
