Junts quiere saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno en relación con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que la Fiscalía Europea haya asegurado que «no se ajusta a la legislación de la Unión» la decisión de que sea Anticorrupción quien continúe haciéndose cargo de la investigación relativa al contrato vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La decisión de Delgado tuvo lugar después de que la Fiscalía Europea quisiera quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba ya una posible malversación, debido a que ese contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas en plena pandemia se pagó con fondos europeos.
Ante tal actuación, la Fiscalía Europea emitió un comunicado en el que señaló que dicha decisión «no se ajusta a la legislación de la Unión Europea» y aseguró que seguiría con su investigación.
Y este jueves los diputados de Junts Mariona Illamola y Josep Pagès han presentado una batería de preguntas por escrito en el Congreso pidiendo cuentas al Gobierno sobre la gestión llevada adelante por Delgado.
En primer lugar, preguntan al Ejecutivo si comparte «el rechazo de la Fiscalía Europea» a dicha decisión, «porque va en contra del derecho de la Unión Europea», y si considera «coherente» la actuación de Delgado.
Además, pretenden que el Gobierno aclare si piensa «pedir explicaciones» a Delgado por no haber concurrido al Tribunal de Justicia de la UE para que «solventase» el conflicto de competencias, y que especifique qué actuaciones piensa adoptar ante una fiscal general del Estado «renuente» a la aplicación del Derecho de la UE ante un conflicto de intereses con la Fiscalía Europea.
REFORMA DE LA LEY
Además, los independentistas catalanes quieren que el Ejecutivo se pronuncie sobre si considera que es un «síntoma de debilidad del Estado de Derecho» en España que la Fiscalía Europea exprese que la actuación por parte de la Fiscalía General del Estado es un «desafío» a la primacía del Derecho de la Unión.
Junts sostiene que el órgano europeo considera que la independencia que debe tener la Fiscalía «no se ha respetado» en este caso y, en este sentido, pregunta al Gobierno si cree que «las directas implicaciones políticas de la persona investigada han condicionado la actuación de la fiscal general», y si el Ejecutivo ha tenido «alguna implicación» en la toma de estas decisiones.
En otro de sus interrogantes, Junts plantea al Gobierno si piensa promover una reforma de la ley española para «adaptarla a los requisitos» e incluir un «mecanismo de solución de controversias que respete el Derecho de la Unión Europea».
Asimismo, el partido de Carles Puigdemont ha registrado este jueves una pregunta sobre esta cuestión que pretende formular a la titular de Justicia, Pilar Llop, en el próximo Pleno de control del Congreso. «¿Afectan a la credibilidad de la justicia española los últimos informes y resoluciones de la justicia e instituciones europeas?», reza el interrogante que el propio Pagés pretende dirigir a Llop.
