El Papa ha autorizado al cardenal Angelo Becciu, acusado por la fiscalía del Vaticano de malversación de fondos y extorsión, a romper el secreto pontificio para que pueda defender su posición en el juicio por la compra irregular del inmueble de Londres, que acarreará unas pérdidas de 217 millones de euros, según estimaciones propias del Vaticano.
El próximo 7 de abril, el destituido cardenal italiano, que ocupó entre 2011 y 2018 uno de los cargos más poderosos del Vaticano en la Secretaría de Estado, deberá responder ante el interrogatorio del fiscal y del tribunal sobre su papel en el supuesto uso fraudulento de fondos de la Secretaría de Estado.
El equipo legal de Becciu había objetado ante el tribunal del Vaticano su incapacidad para responder a preguntas relativas a la figura de Cecilia Marogna, que -según las investigaciones- recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto encargado de ese organismo que hace las funciones de gabinete del primer ministro.
De ese dinero, cerca de 200.000 euros fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod’s o Chanel. Según ha defendido ella misma en la prensa italiana, dichos objetos no eran para disfrute personal, sino que fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. La mujer italiana ha sido apelada por los medios de comunicación italianos como la ‘Dama de Becciu’ y ha sido acusada de malversación de fondos.
Los medios de comunicación del Vaticano citan una nota firmada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, en la que se señala:
«Al ser informado directamente, el Papa dispensa al cardenal Becciu del secreto papal»
El ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, a quien el Papa cesó de su cargo en septiembre de 2020 en un gesto insólito en el que le fueron también cancelados sus «derechos relacionados con el cardenalato», deberá explicar en sede judicial su implicación en el escándalo financiero por la compra opaca de un lujoso edificio en Londres, en Sloane Avenue, con operaciones irregulares que incluyen malversación de fondos del Vaticano, según las investigaciones.
En concreto, debería rendir cuentas sobre las investigaciones que lo acusan de haber tejido a su alrededor una red de corrupción para pilotar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos con sede en paraísos fiscales.
