El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición realizada por la Generalitat para poder ejercer la acusación particular en la pieza ‘Triacom’ del caso ‘3%’, al considerar que no ha acreditado la condición de perjudicada que le permitiría formar parte de la investigación judicial con ese estatus.
«No ha lugar a la misma por cuanto no se acredita la condición de ofendida o perjudicada ni aporta datos para apreciarla, máxime si, como señala el Ministerio Fiscal, en la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa», resuelve Pedraz en una providencia dictada este mismo lunes.
El fiscal anticorrupción José Grinda se había opuesto a que el Gobierno catalán ejerciera la acusación particular argumentando que sería como personarse contra sí mismo, dado que en la Generalitat «hay miembros del partido político directamente heredero» de las formaciones investigadas.
«El señor Aragonés forma parte de un Gobierno en el que está representada la coalición Junts per Catalunya (JxCat), en la que está presente el Partit Demòcrata Europeu (PDeCat), que tiene la condición de investigado», esgrimió Grinda en un reciente escrito.
Grinda hizo hincapié en que, «tras varios escalones de galimatías de siglas y partidos y asociaciones políticas, lo cierto es que los partidos políticos aquí investigados son bien socios, bien alguno de los que actualmente forman parte de la Generalitat de Catalunya».
«Por ello, admitir la personación solicitada resultaría investir de la condición de acusación particular a quien es investigado», una doble condición que es posible procesalmente, pero no en este caso, sostenía Grinda, porque se deriva de los mismos hechos.
«Solo es posible esa doble condición cuando en un solo proceso se enjuician acciones distintas en tanto su separación provoca una división en la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias», expuso el fiscal.
«ESTRATEGIA POLÍTICA»
Además, el representante del Ministerio Público recriminó a la Generalitat que en el escrito que envió el pasado 3 de marzo al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, pidiendo que la admitiera como acusación particular, «no aporta razonamiento alguno».
Su escrito, reprochó, «es parco en la exposición de la legitimación como perjudicada, huérfano en la exposición de los elementos o parámetros de un perjuicio, e inexistente en cuanto a la aportación de información de por qué la Generalitat de Catalunya (…) se persona, en definitiva, contra sí misma».
«A falta de explicación alguna, solo puede concluirse que es una personación ficticia, de imagen, meramente provocada por una estrategia política, ajena a las exigencias del Derecho penal», afirmó Grinda.
LA PIEZA ‘TRIACOM’
La pieza ‘Triacom’ es una de las líneas de investigación de la causa donde Pedraz intenta dilucidar si altos cargos de CDC, en connivencia con funcionarios y empresarios, «pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta».
Para ello, conforme al relato judicial, «alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de ‘dirigir’ los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban ‘donaciones’ a fundaciones ligadas a CDC».
El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata, apuntó en 2019 que Triacom podía estar implicada en la presunta financiación ilegal de CDC aunque con una operativa distinta. Su «singularidad» radicaría en que, en vez de hacer donaciones a las fundaciones, pagaría deudas contraídas por el partido catalán con otras empresas justificándolo mediante facturas falsas.
En concreto, detalló que habría saldado una deuda contraída con CDC con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010. La cantidad abonada por Triacom por este concepto habría sido de unos 750.000 euros.
De la Mata advirtió entonces de que Triacom también se habría usado para pagar gastos particulares de personas ligadas directa o indirectamente a CDC, entre las que mencionó al ex presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol.
