La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reconocido que en Madrid existe actualmente un problema de bandas juveniles organizadas «que hay cortar de raíz» y para ello ofrece la ayuda de la Policía Municipal a la Delegación de Gobierno. Madrid es «una de las ciudades más seguras del mundo» y donde menos delitos se producen, pero «tenemos un problema con este tema.
Por otro lado las calles de la ciudad desde hace años se han llenado de mendigos, principalmente de rumanos que durante el día acampan a las puertas de comercios, portales de viviendas y en cualquier rincón de gran afluencia de personas, incluso desde diferentes instituciones como Cáritas Diocesana han brindado su colaboración a los inmigrantes, y la han rechazado porque son “bandas perfectamente organizadas” que durante el día “están pidiendo en la calle y por la noche vuelven a sus asentamientos ilegales, sin querer ser acogidos”. Denuncian una situación “insostenible” y el temor a que la situación acabe tornándose en “miedo social”. Bandas organizadas que someten a las mujeres a pasar horas pidiendo y que después les exigen el dinero recaudado, una cantidad que “algunos días supera los 50 euros por persona”.
Un artículo muy interesante de Francesc Guillen Lasierra realizaba una reflexión en torno a la pobreza y la delincuencia, porque este tema como casi todos los asuntos sociales esta influido por la ideología y según esta, se ha relacionado la pobreza, o, si se prefiere, la marginalidad social, con la delincuencia. Pone el ejemplo de las clases acomodadas inglesas en el período de la industrialización ya que veían con temor los suburbios de las ciudades donde se hacinaban los que acababan de llegar de las zonas rurales atraídos por las “oportunidades” de la nueva industrialización. De hecho, la conocida Policía Metropolitana de Londres se crea en 1829 con la intención de penetrar en aquellos barrios, foco de perversión y delincuencia. No ha sido esta perspectiva un planteamiento exclusivo de las clases acomodadas de la Inglaterra de la época, sino que ha sido habitual que los más pudientes de los países más diversos identificaran la pobreza como fuente de todos los males, entre ellos la delincuencia. La pobreza, de acuerdo con este punto de vista, implicaría, malas condiciones de salud y de higiene, familias desestructuradas, ausencia de educación y de valores sociales y todo este “pack” conduciría irremediablemente a la delincuencia. Desde esta perspectiva la caridad, la ayuda a los más desfavorecidos era una manera de “civilizar” a los pobres y, en consecuencia, de prevenir la delincuencia.
Desde una perspectiva absolutamente opuesta, que podríamos calificar de socialista o comunista se partía de una injusticia en la distribución de la riqueza, que dejaba a grupos significativos de la población fuera del goce de muchos de los productos y servicios que la sociedad capitalista-consumista producía y anunciaba, con una propaganda tan agobiante que daba la impresión de que si no podías hacerte con ellos, no eras nadie o ni siquiera valía la pena vivir.
Esta injusticia no dejaría únicamente a un sector importante de la población sin un nivel equitativo de recursos, sino que, además, esta gente tenía que soportar el contraste de ver a otros gozando de manera ostentosa de más bienes y servicios de los que necesitaban. Unos no podían estudiar y los otros estudiaban las carreras que querían, unos vivían en viviendas insalubres y otros poseían grandes mansiones, etc. En este contexto, algunos de estos “pobres” no tenían prácticamente otro recurso que la delincuencia para intentar responder a tanta agresión y buscar un futuro. Habría, pues, que mejorar las prestaciones y los servicios que se ofrecía a estos sectores desfavorecidos para ofrecerles alternativas válidas que les permitieran orientar su vida de manera menos traumática tanto para el sistema como para ellos. Desde esta óptica hacía falta más justicia social para conseguir una sociedad más segura y con menos delincuencia. Al margen de lo más o menos fundamentados que sean los argumentos al final el sospechoso continúa siendo el pobre, hasta el punto de que las políticas sociales hacia algunos sectores se acaban inscribiendo en estrategias de prevención de la delincuencia, con la consiguiente criminalización de los sectores destinatarios de estas políticas sociales. Al inicio de la actual crisis económica, desde esta perspectiva ideológica se llegó a decir, incluso por personas con responsabilidad en el ámbito de la seguridad, que el incremento de los desempleados y la eliminación de subsidios a los más pobres provocaría de manera inevitable un incremento de la delincuencia.
Sin embargo, es curioso que la delincuencia se mantiene con una ligera tendencia a la baja en todos estos años de crisis económica, fenómeno que no es nuevo, ya que incluso se han detectado descensos un poco más acusados de la delincuencia en períodos de recesión. Es decir, las hordas de pobres no se han tirado a la calle a robar a quien se pusiera por delante ni a saquear tiendas y supermercados. La profecía, pues, no se ha cumplido.
La respuesta es que la delincuencia y la inseguridad son el resultado de circunstancias y fenómenos complejos que no permiten simplificaciones infantiles, los estudios sobre la relación entre crisis económicas no han ofrecido conclusiones claras. Es cierto que la desestructuración social, la violencia estructural, las injusticias evidentes son una buena simiente para el conflicto, para la delincuencia, para la violencia y para la seguridad. Pero esto no significa que los menos favorecidos, los pobres, tengan que ser necesariamente delincuentes. Estamos ante un fenómeno más complejo en el que juegan un papel relevante otros aspectos como la cohesión comunitaria, los valores predominantes, la abundancia de productos para apropiarse o las oportunidades delictivas. Es cierto que pueden darse casos en que los barrios más desfavorecidos y degradados presenten una mayor crisis de valores y una menor cohesión comunitaria, pero posiblemente no tendrán abundancia de productos ni oportunidades. Es todo mucho más complejo.
Un caso que ejemplifica muy bien la dificultad de buscar soluciones simples a la hora de identificar las causas de la delincuencia (y la de apuntar a los pobres sin duda lo es) lo encontramos si analizamos el fenómeno de las bandas (pandillas) organizadas para la delincuencia (que originariamente eran juveniles, pero ya no lo son tanto) en los países centroamericanos. Es casi de dominio público que en algunos de aquellos países (sobre todo El Salvador, Honduras y Guatemala) existen bandas con un potencial delictivo altísimo, acompañado normalmente con una gran violencia. La mayoría de los estudios apuntan, creo que, con buen criterio, al medio en que los jóvenes crecen en aquellos países como causa de la aparición y crecimiento de estas bandas. Un escenario de grandes diferencias sociales, constante violencia de diverso tipo y condiciones degradantes de vida favorecería el acceso de estos, en principio, jóvenes a la organización, que les proporcionaría una identidad, una protección y, desde su punto de vista, un futuro. Esta descripción se adecua con la realidad de aquellos países. Sin embargo, si lo centramos todo en la pobreza, sorprende comprobar como Nicaragua, un país más pobre que, por ejemplo, El Salvador, país al cual algunos nicaragüenses acuden como trabajadores de temporada, no presenta ninguna problemática en el campo de las bandas juveniles.
Los pobres no se convierten indefectiblemente en delincuentes. Hay que seguir combatiendo la pobreza y la marginalidad por una cuestión de justicia y equidad social, porque tendremos una sociedad con una mayor calidad de vida, porque seremos más felices con menos pobreza, pero no como el punto central de las políticas de prevención de la delincuencia.
Toda política pública bien diseñada y evaluada que busque reducir los niveles de pobreza en el país debe ser aplaudida, pero la política social no puede ser la única forma de enfrentar al crimen. En este sentido, entender la compleja relación entre crimen y pobreza es esencial para el diseño e implementación de políticas públicas. Es decir, es necesario un abordaje integral y específico de los determinantes sociales y de las condiciones de vida para reducir las tasas de criminalidad y de personas en situación de pobreza.
