La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, ha afirmado que estudiarán si hay «algún marco legal competencial» para ayudar a los municipios a desarrollar las ordenanzas para aplicar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), puesto que pertenecen al ámbito municipal, según ella.
En declaraciones ante los medios tras presidir la constitución de la Taula de qualitat de l’aire de Catalunya en el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Inefc) en Barcelona este lunes, Jordà ha insistido en que el Govern lo estudiará «absolutamente todo», puesto que los municipios le han pedido acompañamiento.
Jordà ha asegurado que ha convocado con urgencia la Mesa para hacer pública una declaración conjunta en defensa «unánime» de la aplicación de las ZBE, aunque en la reunión los municipios han trasladado diferentes idiosincrasias que reflejan realidades muy diferentes, en sus palabras.
Aun así, todos ellos han coincidido en que la calidad del aire es un derecho que hay que preservar «sin dejar a nadie atrás», por lo que han pedido un plan de comunicación para explicar a los ciudadanos cómo hacerlo, más allá de la instauración de las ZBE.
Jordà ha remarcado la necesidad de que «ningún ayuntamiento se sienta solo» en la aplicación de las ZBE y en dar facilidades a las personas, como a los trabajadores autónomos, cuando necesiten renovar sus vehículos para poder acceder a las mismas.
La constitución de esta Mesa se acordó la semana pasada entre el Govern, municipios de más de 20.000 habitantes, diputaciones, entidades municipalistas, gestores de infraestructuras y agentes sociales y económicos.
RECURSO AL TSJC
El Govern acordó el 18 de marzo que 67 municipios de Catalunya con más de 20.000 habitantes implementaran una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de acabar 2025, y hace una semana la sección 5 de la Sala Contenciosa de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la ordenanza de ZBE del Ayuntamiento de Barcelona.
«Esta era la declaración, pero reafirmar que plantaremos cara a cualquier sentencia judicial que contradiga el derecho a respirar un aire limpio», ha apuntado Jordà.
Preguntada por cuándo presentarán el recurso ante el TSJC, ha dicho que se está «estudiando», algo que también esta haciendo el Ayuntamiento de Barcelona, pero ha insistido en que lo presentarán.
DECLARACIÓN
Los firmantes de la declaración surgida de la Mesa consideran que al tumbar la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, el TSJC «invade ámbitos de decisión» de las administraciones locales y de la propia Generalitat.
Manifiestan también su voluntad de mejorar la calidad del aire incluso «más allá de los límites establecidos» en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizando todas las herramientas que tengan a su alcance y rechazando, en palabras textuales, cualquier injerencia.
En el texto, los firmantes se comprometen a seguir aplicando el modelo de las ZBE «con todas las garantías jurídicas, sumando esfuerzos para que la transición ecológica sea justa e inclusiva».
