La Consejería de Educación de la Generalitat ha notificado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) «qué acciones desarrollará respecto a los usos lingüísticos en el sistema educativo catalán», ha informado en un comunicado.
Este viernes termina el plazo de dos meses pasado el cual se puede pedir la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC que fija un 25 por ciento de castellano en las aulas catalanas.
En la comunicación, se enumeran distintas iniciativas: la primera es la proposición de ley del PSC-Units, ERC, Junts y comuns para modificar la Ley de Política Lingüística y mantener el catalán como vehicular en el sistema educativo, incluyendo al castellano como lengua de aprendizaje, registrada ayer jueves, si bien Junts se ha descolgado del acuerdo.
En segundo lugar, se comunica que, como anunció el consejero Josep Gonzàlez-Cambray el pasado martes, se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo «de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo», y catalán y castellano estarán contemplados en los proyectos de cada centro. Un planteamiento que de facto deja en manos de los centros la cantidad que impartirán de cada lengua.
En último término se informa al TSJC de que se ha encargado a la Universidad de Barcelona (UB) una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros porque los últimos estudios «señalan un descenso progresivo» del uso del catalán, incluso el informe del Síndic de Greuges.
