Los acusados de integrar una presunta trama dedicada a apropiarse de devoluciones del IRPF de deportistas, entre ellos futbolistas del Real Madrid y el Atlético de Madrid, han defendido en el juicio la legalidad de las inversiones inmobiliarias que realizaron con el dinero de las devoluciones para dar rentabilidad al montante guardado en un deposito y al no ser solicitado por los jugadores.
Entre los acusados se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid una alta funcionaria de la Agencia Tributaria acusada de facilitar datos fiscales de los deportistas que se marchaban de España sin solicitar las devoluciones que les correspondía. Los otros tres encausados son abogados, entre ellos el exmarido de la jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia de la Agencia Tributaria Leonor S. C..
Entre los perjudicados figuran los exmadridistas Sahin y Altintop, y el exatlético Salvio. El futbolista argentino Javier Hernán Malagueño y el exfutbolista y segundo entrenador del Estambul Basaksehir FK Achile Pierre Webo ejercen como acusación particular.
Los encausados se enfrentan a 9 años de cárcel acusados de obtener un beneficio patrimonial «indebido» mediante transferencias de la Agencia Tributaria a sus cuentas particulares por las que se apropiaron de 6,3 euros fruto de devoluciones no solicitadas en su mayoría por futbolistas, que eran quienes legítimamente podrían haberlas reclamado.
El fiscal les imputa cuatros delitos continuados: de estafa, de falsedad en documento público oficial y mercantil, de aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y de utilización por funcionario, por razón de su cargo, de información privilegiada.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
En su declaración, el abogado Julio L. ha insistido en que se dedica a realizar «gestiones administrativas y no legales» del patrimonio de deportistas, sin preguntar sobre «cuestiones legales de esas gestiones ni consultar a expertos» citando en concreto a la inspectora de Hacienda acusada.
Según su versión, Ernesto Bronzetti (representante de futbolistas fallecido en 2016) le pidió que administrara el patrimonio de varios jugadores. «Lo vi claro y legal desde el primero momento porque soy letrado y se lo que es administrar un patrimonio», ha dicho.
Cuando recibió la primera devolución vio que ponía «el nombre de un señor pero que iba» directamente a su cuenta desde la Agencia Tributaria. «No me planteé la legalidad. Bronzetti me cuenta la operativa y me pide unas cuentas para que lleguen las devoluciones», ha explicado. «Viniendo de la Agencia Tributario, me parecía lo más normal del mundo», ha agregado.
Según el acusado, los juzgadores eran acreedores de la sociedad y tenían derecho a crédito. A preguntas de la fiscal sobre si las devolvió, ha comentado que se puso en contacto a través de correo electrónico con los clubes al no poder contactar con los deportistas tras la muerte de Bronzetti y nadie le contestó.
El dinero estaba en un deposito hasta que «se clarificara la situación con Hacienda», siendo utilizado para inversiones inmobiliarias para darle rentabilidad, según su declaración. Así, ha detallado que hizo una acuerdo verbal con el exmarido de la funcionaria de Hacienda para un préstamo encaminado a comprar un piso en la calle Infanta Mercedes de la capital.
«Yo he comprado un par de pisos para sacar rentabilidad. Los compraba con el préstamo de Asesores Deportivos Lapver SL –sociedad a la que llegaban las devoluciones de los juzgadores–. Se hicieron inversiones inmobiliarias», ha reconocido bajo la idea de que las operaciones eran legales.
También ha explicado que hubo llamadas telefónicas a la inspectora de Hacienda pero dentro del ámbito de la normalidad como puede haber con otras personas para ver qué tal iban sus asuntos. «Es como si vienes al juzgados y preguntas cómo va la tuyo», ha indicado.
En su turno, la inspectora de Hacienda ha explicado qe tenía«la obligación de acordar todas las devoluciones de todos los impuestos por el puesto que ocupaba».
«Cuando me inician el expediente me dicen que he accedido irregularmente a las devoluciones. No consulte las solicitudes de devolución con los jugadores porque no es mi trabajo. Es imposible hacerlo si no se han presentado», ha subrayado.
Así, ha incidido en que no accedió a las informaciones que le solicitaron los abogados en relación a las citadas devoluciones, ya que como funcionarios tienen «un sistema que les asegura que han realizado esa acción».
El juicio en la Sección 23 de la Audiencia madrileña se retomará el próximo lunes con la declaración de los futbolistas afectados y otros testigos.
HECHOS JUZGADOS
El escrito de acusación señala que entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016 J. L. V., M. V. J., J. I. T. S y L. S. P. utilizaron dos sociedades (Asesores Deportivos Lapver SL y Star Athletes Society SL) para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores sin que los deportistas tuvieran conocimiento de dichas reclamaciones.
En concreto, solicitaban la devolución correspondiente a la diferencia existente entre las retenciones del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) soportadas por los jugadores, en su condición de sujetos pasivos, en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes, es decir, por el Impuesto sobre las Rentas de No Residentes (IRNR).
DEVOLUCIONES NO SOLICITADAS POR FUTBOLISTAS
Según el fiscal, los acusados presentaban la documentación ante la Agencia Tributaria en la que además de solicitar la devolución, adjuntaban junto con la autoliquidación, certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de la representación legal del contribuyente para recibir la devolución.
La Agencia Tributaria procedió a comprobar las solicitudes de los deportistas profesionales que habían reclamado este tipo de devoluciones. En total hallaron 102 casos, de los que 38 fueron presentados «con su aparente firma manuscrita» durante los meses en que los acusados fueron investigados y donde se solicitaba el ingreso de la devolución en las citadas cuentas bancarias.
En esos 38 casos los acusados obtuvieron gracias cantidades abonadas en concepto de devoluciones un total de 6.138.798 euros que fueron ingresados en varias cuentas corrientes.
Los acusados aprovecharon que los deportistas habían abandonado la disciplina de los equipos españoles donde habían militado para trasladarse a distintos países, «circunstancia que les facilitó lograr sus propósitos al resultar muy difícil la localización del jugador».
