La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este jueves en Gijón, respecto al paro en el sector del transporte, que es un derecho que debe respetarse, pero ha incidido en que «no deben ser tolerables ningunas acciones de carácter violento en ningún ámbito».
Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de clausurar en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, el acto ‘Transformando la Justicia: taller de experiencias’, organizado por el Ministerio de Justicia y el Gobierno del Principado de Asturias.
En todo caso, Llop ha expresado su «empatía y solidaridad» con todas las personas que lo están pasando mal, de las que ha indicado que ahora necesitan una respuesta. Sobre esto, ha aludido a que el Gobierno central está sentado ahora en una mesa de diálogo para buscar una salida. «El Gobierno va a negociar hasta el final para que se pueda solventar esta situación cuanto antes», ha destacado.
REY EMÉRITO
Por otro lado, no ha querido entrar a valorar la decisión de los tribunales británicos respecto a la retirada de la inmunidad al Rey Emérito Juan Carlos de Borbón para juzgarle por la demanda de reparaciones por daños y perjuicios interpuesta en Londres por Corinna Zu Sayn.
Ha apuntado, a este respecto, que será su propia defensa quien tenga que decidir lo que hacer y anunciarlo si lo desea. En todo caso, ha recordado que los asuntos que el Rey Emérito tenía en España han sido archivados por la Fiscalía y el Gobierno de España respeta las decisiones que esta adopta.
CASO ROLDÁN
Preguntada por el caso Roldán, la ministra ha reconocido que el asunto de Luis Roldán fue uno de los más graves de corrupción que se vivieron en España, sobre todo en los años 90.
Frente a ello, ha destacado el «serio compromiso» del Gobierno central en la lucha contra la corrupción, de regeneración democrática, de transformación de las instituciones para que sean «limpias».
Ha destacado, en este sentido, que el Ministerio de Justicia ha elevado al Consejo de Ministros la directiva del informante de corrupción, hace una semana.
Según la ministra, se van a abrir cauces de denuncias y de protección de denunciantes, además de que se crea una nueva oficina de denuncias.
Esta será un canal externo, ajeno a los sistemas internos que vayan a tener las propias empresas de más de 50 trabajadores y también en el ámbito de las instituciones, para que todas aquellas personas que tengan sospechas de algún tipo de corrupción puedan ponerlo en conocimiento de esta oficina.
También se podrán adoptar medidas para se sientan seguros de que se les va a proteger frente a cualquier tipo de represalias que le puedan aplicar en el ámbito laboral o funcionarial.
