La implantación del permiso de conducción por puntos, que se implantó en España el 1 de julio de 2006, evitó hasta 340 muertes al año en los tres primeros años y medio desde su implantación, según un estudio en el que han participado investigadores de la Universidad Pablo de Olavida (UPO).
La investigación, realizada por la Yolanda Rebollo-Sanz y Jesús Rodríguez López de la UPO, junto con la profesora Nuria Rodríguez-Planas del Queens College de Nueva York, ha analizado el efecto de la implantación del citado permiso de conducir y su contribución a la reducción de la siniestralidad en el tráfico.
El estudio, publicado en la revista ‘Journal of Economic Behavior and Organization’, concluye que el PCPP causó una disuasión en la comisión de los excesos de velocidad (una reducción drástica del -41,5%), de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas (-29%), y de la desobediencia de las señales de tráfico (-13,5%), así como evitó 340 víctimas mortales y 9.750 víctimas no mortales cada año, a lo largo de los tres años y medio que siguieron a su implantación, según los datos destacados por la UPO en una nota este jueves.
Finalmente, causó una reducción del 14,5% de accidentes, de víctimas mortales del 14,5%, y de víctimas no mortales del 15,7%.
Los cambios más llamativos introducidos en la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial (Ley 18/2021, de 20 de diciembre) se refieren a los que aumentan la penalización de tres a seis puntos por el uso del teléfono móvil al volante y desde tres a cuatro puntos por no usar el cinturón de seguridad. Además, la nueva Ley elimina el margen de 20 km/h para efectuar un adelantamiento en carreteras secundarias, conllevando una sanción de hasta seis puntos.
También, estas infracciones están sancionadas con una multa, que puede llegar a los 600 euros en el caso del exceso de velocidad en un adelantamiento.
«Hasta la implementación del PCPP, el sistema convencional de multas de tráfico servía de poco en la disuasión de ciertas conductas infractoras en España, hasta el extremo de que las cifras de siniestros mortales llegaron a ser un gran problema de salud pública a comienzos de los 90 del siglo pasado», explican los investigadores. El estudio ha tenido en cuenta una «amplia» gama de variables: la actividad económica, la densidad de tráfico, las inclemencias meteorológicas, la tecnología del parque de vehículos, la dotación de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la distribución de días festivos y fines de semana u otros cambios normativos, como la reforma del Código Penal a partir de diciembre de 2007.
La novedad de este estudio reside en que emplea métodos de identificación del efecto causal del PCPP sobre el comportamiento de los conductores españoles: análisis de regresión discontinua y análisis de dobles diferencias, principalmente. «Ambos enfoques arrojan conclusiones muy parecidas, lo que le da una gran robustez a los resultados», afirman los autores.
«Además, y lo que es interesante para la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial que acaba de entrar en vigor, es que el efecto disuasorio fue mayor cuanto mayor fue la sanción por puntos, desde una caída del 19% para las sanciones de menos puntos, hasta el 39% para las sanciones más severas», señalan los investigadores.
Desde el punto de vista del bienestar social y de la salud pública, el PCPP evitó 340 víctimas mortales y 9.750 víctimas no mortales cada año, a lo largo de los tres años y medio que siguieron a su implantación. En términos monetarios, esto implica una ganancia social del 0.13% anual del Producto Interior Bruto (PIB) español. «Cualquiera que esté familiarizado con la evaluación de políticas, hay pocas medidas que sean tan rentables desde un punto de vista social. Cada euro gastado en la implantación del PCPP, generó un retorno social de 41 euros», apuntan los investigadores.
En suma, los autores afirman que las carreteras españolas son de las «más seguras» de la Unión Europea, a diferencia de lo que pasaba hace quince años y a ello ha contribuido la implantación del permiso por puntos. La Ley que acaba de entrar en vigor defiende que los puntos de sanción tienen un mayor efecto disuasorio que la multa, por ejemplo, incidiendo en ciertas infracciones, como la de conducir hablando con el teléfono en la mano, que están asociadas con la ocurrencia de siniestros, por lo que, según apuntan, previsiblemente disminuirán.
«En qué medida y a qué ritmo esto sucederá, es una cuestión que habrá que responderla usando las técnicas mencionadas y los datos. Los resultados del trabajo establecen una relación causal», concluyen.
