La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha pedido a la Audiencia Nacional que apoye la decisión del juez Manuel García Castellón de concluir la investigación de la pieza 9 de ‘Púnica’, sobre la presunta ‘caja B’ del PP madrileño, al tiempo que ha cargado contra la «propaganda» del PSOE, que ha instado a que se siga investigando.
En un escrito del pasado 16 de febrero, la defensa de Aguirre asegura que «la finalidad del PSOE no es otra que alargar el procedimiento indebidamente por el magnífico rendimiento propagandístico que la pendencia del proceso le reporta».
Y todo ello, recuerdan, después de que la acusación popular ejercida por Adade, bajo cuya coordinación actúa el PSOE, instase al juez a la práctica de nuevas diligencias «como sería recabar las declaraciones fiscales y modelos 347» de varias compañías. «¡De hace 13 años!», critica el letrado de Aguirre, que considera que sería «contrario a las garantías del proceso al ser desproporcionadas y puramente prospectivas».
Adade solicitó que se prorrogasen las pesquisas poniendo el foco en la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Así, hacían alusión al escrito en el que Ortega aportaba «unas facturas que ponían de manifiesto la existencia de una facturación impuesta para satisfacer las necesidades económicas del Partido Popular».
La defensa de Aguirre considera que el Juzgado Central de Instrucción Número 6, «a fin de agotar las posibilidades de la instrucción», permitió a Ortega que de «una forma más que generosa excesiva por desproporcionada» gozase de «una suerte de status tan singular que, más allá de declarar como testigo, en presencia judicial y con la debida contradicción, fue requerido para que presentara un informe, facilitándose incluso, insólitamente, el material documental y sus propios medios informáticos en el centro penitenciario en que se encuentra».
UNA PRETENSIÓN QUE «NO PUEDE SER ACOGIDA»
«Sin embargo, parece que la acusación popular, lejos de requerir al señor Ortega para que concrete algún extremo, solicita la práctica de nuevas diligencias, innecesarias, impertinentes y puramente prospectivas, a fin de que el penado pueda alumbrar algún manifestación de la que seguir sacando rendimiento, lo que a este fecha, evidentemente, no se ha producido, provocando una dilación notable del procedimiento», denuncia la representación de Aguirre.
A juicio de la representación de la expresidenta, «la pretensión final» de Adade, «inteligentemente argumentada, pretende que se tomedeclaración en concepto de investigados a una serie de personas» que «fueron citadas en las dependencias de la UCO». Una petición que, argumenta la defensa, no «puede ser acogida».
Y esto es así, explican, porque «el examen de tales declaraciones cuya latente nulidad no puede pasar desapercibida al haberse hecho extramuros del procedimiento, evidencia que su rendimiento probatorio es nulo».
«Precisamente por ello es por lo que no ha existido resolución judicial alguna que acuerde dirigir frente a ellos el procedimiento y llamarles en condición de investigados, status procesal que no puede tampoco atribuírseles ahora al haber concluido el periodoprobatorio», concluye la defensa de Aguirre.
De esta forma, Aguirre se opone al recurso de apelación presentado contra la decisión de García Castellón de dar por finalizada la fase de instrucción de esta pieza número 9 de la macrocausa ‘Púnica’.
Según las fuentes jurídicas, la Fiscalía también se ha opuesto a la petición de Adade de seguir indagando si el PP madrileño tuvo una ‘caja b’, nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
