El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha acusado al juez instructor de la macrocausa ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, de crear un «monumental enredo» después de «mutar alegremente» una decisión que era «favorable» para el mandatario, solicitando a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corrija su criterio.
En un escrito de este lunes, su defensa carga contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 después de que éste anulase un auto del pasado 11 de marzo en el que descartaba archivar la causa para Sánchez-Galán. Sin embargo, la argumentación contenida en los razonamientos jurídicos podía dar a entender que en realidad sí decretaba el sobreseimiento.
Ese escrito que parecía exculpar a Sánchez Galán fue anulado unas horas más tarde y el juez dictó, ese mismo viernes, la versión definitiva en la que confirmaba que descartaba decretar el sobreseimiento de la causa para el presidente. A su vez, el juez acordó en otros tres autos diferentes archivar para los exdirectivos Fernando Becker, Rafael Orbegozo y Francisco Martínez Córcoles.
Lo que ocurrió en realidad es que en ese primer auto del que podía deducirse parcialmente que el juez eximía al presidente de Iberdrola no debía aparecer su nombre: se trataba, en realidad, del auto dirigido al ya citado Martínez Córcoles. Con todo, Iberdrola solicita ahora a la Sala que obligue al juez a corregir ese primer auto y no el último, en el que el juez es claro negando las pretensiones de Sánchez Galán.
CONTRA EL «VOLUNTARISMO» DEL JUEZ
A su juicio, el instructor no corrigió «errores materiales manifiestos o aritméticos», sino que modificó una «anterior decisión judicial» ocasionando una «vulneración del derecho a la tutela judicial» y un «grave quebranto» del principio de seguridad jurídica. La representación de Sánchez Galán considera, por tanto, nulo de pleno derecho el último auto emitido por el juez y por el que rechazaba el archivo.
La defensa del alto directivo ha mostrado su sorpresa por lo que consideran «un proceso de mutación radical del criterio judicial al margen de todos los principios y normas de procedimiento». «Ese proceso mutante concluye, además, con un auto que se erige en un clamoroso ejemplo de voluntarismo, pues ninguna de las afirmaciones, que en él se hacen, contrarias a los intereses de mi mandante, cuentan con respaldo en las actuaciones ni son consecuencia de una explicación lógico-deductiva desde la perspectiva de la siempre ineludible motivación jurídica», asegura.
Así, la representación de Sánchez Galán insiste en que el juez no solo se aparta de los argumentos jurídicos contenidos en la petición de sobreseimiento. «Es que, directamente, no consigna ningún argumento, excluyendo el sobreseimiento pedido sobre la base de tres aserciones de naturaleza conjetural, en un intento de trasladar a verdad procesal lo que representan simples sospechas, huérfanas de indicios», apunta.
Sin embargo, su letrado descarta «entrar en las motivaciones ignotas que han llevado al instructor a mutar alegremente una previa decisión» que resultaba «favorable» a Sánchez Galán por otra que consideran «desfavorable». Todo ello, añaden, a pesar de que «las hipótesis pueden ser muchas».
Eso sí, la defensa de Sánchez Galán carga contra el magistrado y asegura, «con todo respeto, que una de las exigencias elementales que cabe demandar de un instructor es que tenga conocimiento, con un mínimo detalle, del estado de las causas a su cargo». «Lamentablemente, no parece ser el caso», añaden.
Así las cosas, y ante el «insólito contexto procesal generado», solicitan a la Sala la nulidad de los autos y que «aborde ya una decisión de plena jurisdicción, en la que se confirme la corrección jurídica de los fundamentos» del primer auto «y se concluya la procedencia del sobreseimiento de las actuaciones en relación con éste».
LOS PROYECTOS DE VILLAREJO
Sánchez Galán es el principal imputado en la pieza número 17 de ‘Tándem’ –la macrocausa que disecciona los muchos y variados servicios prestados por José Manuel Villarejo a título privado_en la que se investigan los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario entre 2004 y 2017.
Según el relato judicial, el primer proyecto habría sido ‘Arrow’, que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado ‘Black Board’ o ‘B-B’ para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.
Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado ‘Gipsy’ y ‘Posy’. El primero habría consistido en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.
Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a ‘Wind’ para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Christopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.
En el auto de imputación, el juez García-Castellón indicó que, por la contabilidad de Iberdrola, se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, entre 2004 y 2012 por un importe total de 1,04 millones.
