El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha señalado este martes tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo que anula el proceso de nombramiento de los cargos de la Presidencia y de la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que desde el ministerio son «muy respetuosos» con las decisiones de los jueces y acatan la que ha adoptado el Alto Tribunal.
Rodríguez, en su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, se ha limitado a hacer ese comentario al ser preguntado por la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que calificó el proceso de viciado de raíz.
La respuesta llegaba después de que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le indicara si iban a hacer algo a raíz de esa suspensión, después de que calificara el acuerdo para los nombramientos entre PSOE y PP de «trapisondas y trapicheos» y dijera que las bases para la convocatoria eran «ilegales».
A su juicio, la AEPD debe ser dirigida por los mejores «y no por los amiguetes del PP y del PSOE», por lo que ha incidido en que debe anularse las bases del concurso y se haga una valoración de méritos. «No he visto un auto tan duro contra una decisión del Gobierno», ha añadido para lamentar además que el Ejecutivo ha sido condenado en costas.
Por su parte, el diputado de Vox Carlos Zambrano ha preguntado a Rodríguez si no le da vergüenza que el Ejecutivo use las instituciones de esa manera y ha señalado que el Gobierno «está deslegitimado en lo moral y político».
EL CONFLICTO CON LOS LAJS
Durante la intervención de los diferentes grupos ha salido a colación por parte de PP, Cs y Vox el conflicto que existe entre la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y el ministerio a cuenta de las retribuciones y la capacidad de entrar a negociar de esta asociación.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Jerez, ha aseverado que al Gobierno le cuesta cumplir con la ley de Presupuestos Generales que reconoce el aumento salarial para ese cuerpo, y se ha preguntado si tanto cuesta reconocerles a los LAJS su capacidad negociadora.
Desde Cs le han echado en cara a Rodríguez también que no les reconozcan capacidad negociadora, y que desde Justicia se ofrezcan subidas de sueldo «míseras» en comparación con las competencias que asumen.
Por su parte, Zambrano ha preguntado si les consideran a los LAJS «fascistas que son manejados por la ultraderecha» por el hecho de que hagan huelga. Y ha indicado que desde su punto de vista la Justicia española está «politizada», es «lenta» y es en la que más gasto se invierte de Europa, por lo que «la ineficacia es absoluta».
Rodríguez, que ha calificado las intervenciones de «catastrofistas» y se ha vanagloriado de no tener nada que ver con Vox, ha explicado que tiene una consideración muy grande con las reivindicaciones de los sindicatos en el marco de la negociación y que trabajan para acordar con las asociaciones representativas de los LAJS las condiciones de la adecuación salarial.
Al hilo, ha advertido que este mismo miércoles, el ministerio volverá a reunirse con la UPSJ, responsable de los días de huelga que han tenido lugar en las últimas semanas. Pero ha añadido que los sindicatos son los que tienen la capacidad para negociar determinados aspectos y no las asociaciones, aunque ha apostillado que no faltará voluntad de diálogo.
VACANTES DEL CGPJ
Una vez más, otro de los asuntos que ha irrumpido en el órgano parlamentario ha sido el del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para Rodríguez, el PP es «el único obstáculo para renovar» el órgano de gobierno de los jueces, por lo que le ha pedido capacidad de consenso, al igual que para otros temas como las distintas leyes de eficiencia en Justicia.
Desde Cs le han pedido que atienda a las demandas del Supremo y del CGPJ y han lamentado que cometieran «la tropelía» de quitar la capacidad al órgano de hacer nombramientos porque las vacantes continúan en aumento. «Luego querrán celeridad sin magistrados, pero sin magistrados no hay justicia y sin letrados asesores tampoco hay justicia», ha explicado Bal.
Desde Vox han afeado al Gobierno que se empeñe en mantener el control del CGPJ con esa reforma legal para que no pudieran hacer nombramientos mientras estuviera en funciones, y han añadido que en cuanto vieron que el Constitucional anulaba el decreto del Estado de Alarma se apresuraron a pactar el nombramiento de nuevos magistrados del TC.
Desde el PP, Jerez no ha querido sumarse a las críticas por el fallo sobre la AEPD o sobre la no renovación del CGPJ y se ha centrado más en denunciar una falta de interlocución con el nuevo equipo del ministerio.
Sí que ha lamentado que las vacantes por cubrir sean «el talón de aquiles» de la Adiministración de Justicia y ha recalcado que afecta tanto a jueces como magistrados y fiscales. Al hilo, ha recordado que los datos son «demoledores» porque el ratio es de 15 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en Polonia es de 20. «Ya nos gustaría ser Polonia», ha espetado.
Ha puesto el foco también en la necesidad de que la Ley de Eficiencia Digital –sobre la que varios diputados han recordado las discrepancias del CGPJ– cuente con suficientes en medios económicos y con una adecuada formación del personal, y ha criticado que esa norma no se fije en que se han de homogeneizar los sistemas de Justicia en España.
LAS LEYES DE EFICIENCIA
Por otro lado, en su intervención inicial –a petición propia–, Rodríguez ha anunciado que en menos de un mes el Consejo de Ministros remitirá al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.
Ha explicado que los principios que cimentan la acción del Ministerio de Justicia se basan en lograr mejores condiciones laborales y profesionales en el sector Justicia, que se vea la Administración de Justicia como un servicio público y contribuir a la transformación del país.
Tras anunciar que llevarán ambos proyectos al Congreso, ha apuntado que pondrán las piedras fundacionales de las oficinas de justicia porque quieren una Justicia «más accesible» para cohesionar el territorio y luchar contra la despoblación. También ha apuntado que apuestan por la creación de los tribunales de instancia.
Al hilo, ha desmentido –«es rotundamente falso»– que se haya dejado de lado la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entre otros cambios supone dejar en manos de los fiscales la instrucción procesal. Y ha avanzado que continúan con los trabajos relativos al Anteproyecto de Ley del Derecho a la Defensa.
EL COLAPSO EN EL REGISTRO
Durante la comisión, la diputada de Esquerra, Carolina Telechea, ha puesto el foco en los techos de cristal en la cúpula judicial, y ha celebrado que se trabaje en la eficiencia digital pero se ha preguntado si será suficiente dada la brecha digital existente y que hay personas que no tienen acceso a ese mundo.
Tras celebrar el sistema de becas impulsado por el Ejecutivo para el acceso a la carrera judicial, ha denunciado el bloqueo del Registro Civil para las juras de nacionalidad. Así, ha explicado que hay «colapso terrible», y Rodríguez se lo ha reconocido y le ha señalado que están trabajando en solucionarlo.
El diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, ha indicado que la Justicia debe buscar la igualdad no solo de oportunidades sino material, y ha señalado que ha de ser de proximidad.
Ha calificado de fundamental la trasposición aprobada en Consejo de Ministros de la Directiva de alertadores, y ha señalado que es fundamental eliminar las zonas de oscuridad, de no control, derivados de los secretos de Estado, así como dar pasos hacia la justicia universal.
