La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes rechazar el recurso de amparo de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por la investigación sin garantías que le abrió la Fiscalía cuando era magistrada en Canarias.
Según adelanta El Periódico de España, y ha confirmado, la Sala respalda así la decisión del Tribunal Supremo de 2017, cuando consideró excesiva y anuló una investigación preliminar abierta a Rosell por la Fiscalía de Las Palmas.
Esa sentencia fallaba que se debía «estimar parcialmente el recurso interpuesto» por Rosell contra la Fiscalía Provincial de Las Palmas «en el único extremo de entender afectado el derecho de la demandante a un proceso con todas las garantías, respecto de las decisiones adoptadas por la Fiscalía».
De acuerdo con lo que señala este diario, el recurso ha sido analizado por el vicepresiente del TC y ponente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Enrique Arnaldo, Ramón Sáez y Concepción Espejel. El sexto componente de la Sala, Antonio Narváez, se ha abstenido por su relación de amistad con el entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.
LA CONDENA AL JUEZ ALBA
Cabe recordar que recientemente La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación del juez Salvador Alba por confabular contra Rosell.
En una sentencia, los magistrados desestimaban los recursos de casación interpuestos por el condenado y la acusación particular, ejercida por la propia Victoria Rosell –al que se adhirió Podemos–, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias.
Así, el Supremo ratificaba la decisión del tribunal canario, que en 2019 condenó a Alba por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho –por lo que se le condenó a tres años de prisión– y falsedad en documento público –por lo que fue condenado a tres años y medio de cárcel–.
También le mantenía la pena de 18 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado, así como el pago de 60.000 euros a Rosell en concepto de daños morales. En la sentencia del TSJ de Canarias ya se le eximió de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos.
Según adelanta epe.es, la sentencia del TC que se hará pública en los próximos días analizará la independencia judicial y los límites de los procedimientos disciplinarios a los que pueden ser sometidos los jueces.
